El espacio de debate en las redes sociales parece tener una base de igualdad, pero, en el caso de las acciones emprendidas por la diputada Diana Karina Barreras contra una persona que de acuerdo con el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF) la violentó y discriminó, da como resultado el abuso de poder y censura.
El abuso de poder se da cuando existe una relación social jerarquizada y desigual. Sí, aunque la denuncia presentada por la legisladora remite a hechos durante la campaña electoral del 2024, la resolución del TEPJF fue emitida en este 2025, cuando la diputada ya contaba con un poder constitucional y, se supone, representa a un electorado.
Emitida la resolución, la diputada pudo desistir de la pena advertida a la presunta violentadora (dar disculpas durante 30 días) y no utilizar las redes sociales para seguir estigmatizando a la mujer que ejerció violencia política de género contra ella.
El asunto no debe pasar desapercibido porque, aun cuando el TEPJF hizo su tarea –muy cuestionable-, la legisladora no entendió lo que significa su acción, ya en el ejercicio del poder.
Resulta indispensable recordar que la legisladora fue impulsada en Sonora por el Partido del Trabajo (PT) que, en su Plataforma Electoral 2024-2030, hace referencia en su Estrategia a “principios ético-políticos e instrumentos simples, pero de enorme trascendencia” como la “g) “comunicación pública circular”; h) ganar y mantener siempre la iniciativa política (fijando cotidianamente la “agenda pública”); e i) “revolución de las conciencias” para consolidar a nivel ideológico la transformación y evitar cualquier intento de regresión conservadora.”
De acuerdo con Nancy Graciela Ulloa-Erazo “…un modelo circular guarda un objetivo concentrado en la evidencia de la retroalimentación y necesita ser debidamente identificado, elaborado y planificado. Precisamente, a la hora de encontrar respuestas se las concibe desde la percepción de igualdad: lo que empezó en el punto A llega a B, y B, necesariamente deberá concluir su función en A.”[1]
Seguramente la diputada marca la agenda política ubicando en el centro la censura contra quienes no piensan como ella y concibe el debate público desde los valores de la derecha que tanto criticaron y que callaba a las voces divergentes.
Parece que a algunas figuras públicas las críticas y observaciones sobre su trabajo no les agradan mucho y fortalecen la ola del crecimiento de la censura institucional.
El puerto de Acapulco, Guerrero, vive la inacabada reconstrucción luego de los fenómenos naturales, tiene un significativo crecimiento de asesinatos y violencia y se encuentra por debajo de la media (31.4 %) en la “Percepción de la población de 18 años y más sobre la efectividad del gobierno de su ciudad para resolver las principales problemáticas” con 23.5 %. (INEGI, 2025)
El 24 de julio, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero sancionó a un creador de contenido, luego de la denuncia de la Alcaldesa, Abelina López Rodríguez, por ejercer la violencia política de género contra ella.
El creador de contenido señaló que la sanción tiene que ver con la denuncia que presentó en su portal sobre el presunto desvío financiero de más de 800 millones de pesos y un deficiente manejo de la emergencia causada por el huracán Otis.
La alcaldesa de Acapulco señaló: “Respeto profundamente la libertad de expresión. Respeto y valoro las expresiones ciudadanas. Respeto las propuestas y planteamientos. Respeto más aún los señalamientos y los reclamos. E incluso, a pesar de su banalidad, respeto los insultos”. Sin embargo, denunció al creador de contenido.
El mecanismo en contra de la “violencia política de género” tiene un fundamento: salvaguardar los derechos de las mujeres que participan en política y que, históricamente sufren violencia. Su uso político para silenciar las voces críticas lo está tergiversando.
La censura parece crecer en el país, amparada por el beneficio que tienen las personas en la política. El uso y abuso de este instrumento debe implicar una responsabilidad para quien lo utiliza, pero algunas mujeres parecen no entenderlo o utilizarlo para otros fines.
En estos días, en un intento por salvar la carrera política de la diputada Diana Karina Barreras, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, un hombre, intenta ubicar las críticas como una estrategia de la “cobarde oposición”. Es evidente que tratan de hacerla víctima para su candidatura “natural” a la Alcaldía de Hermosillo, Sonora, en el 2027.
Lo más paradójico es que la sanción a la persona derivó de un tuit publicado durante el proceso electoral del 2024, donde señaló: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”. Ahora, el diputado Gutiérrez Luna le da la razón a la sancionada y violenta a su propia pareja.
La ola de censura puede ser arropada bajo el argumento de “violencia de género”, las autoridades electorales deberían prestar atención y las personas no olvidar a estos personajes censuradores que van a solicitar el voto disfrazándose de libertarios de izquierda.
[1] La comunicación en la nueva sociedad digital, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2018.
