El gobierno estadounidense mantiene relacionalidad entre los asuntos de migrantes y comercio con la inseguridad provocada por los cárteles y el tráfico de drogas, en particular de fentanilo; en donde las acciones gubernamentales mexicanas al respecto, no son suficientes de acuerdo a la crítica mirada de EU.
En las secuelas a la audiencia donde Ovidio Guzmán se declaró culpable de narcodelincuencia y tráfico de drogas hacia EU, se estableció, de nueva cuenta, la presión arancelaria estadounidense, vigilante y activa, con un 30% más a la exportación de más de 70 mil toneladas de jitomate, lo que golpea estructuras y procesos vinculados a la narcodelincuencia.
Este impuesto arancelario al jitomate sinaloense, y a otros estados como San Luis Potosí, Michoacán y Guanajuato, afecta a más de 200 mil productores locales, junto con sus familias.
Asimismo, la DEA aseguró 10 mdd en criptomonedas al cartel de Sinaloa, durante la Operación Take Back America, declaró Robert Murphy, director interino de la agencia antidrogas estadounidense.
Por otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con 185 millones de pesos, unas semanas después de que fueran señaladas por EU por presunto lavado de dinero.
Continúan los hallazgos ligados al huachicol, decomisos históricos sin duda y pronto se esperan los resultados de esta amplia investigación, que articula una amplia red entre la clase política y los delincuentes traficantes de combustible.
Lo anterior se suma a la difusión de los vínculos delincuenciales del ex secretario de seguridad pública de Tabasco, como presunto líder de la organización criminal de La Barredora.
Muchos de estos asuntos siguen la ruta de asociaciones delictuosas asociadas a exgobernadores, gobernadores, legisladores, operadores políticos, que de acuerdo con las tareas que realiza el gobierno de EU, caen en los rubros de narcoterrorismo, con las sanciones de quita de visas y posibles escaladas intervencionistas.
Estas situaciones han colocado en posiciones muy frágiles al Gobierno Mexicano. El innecesario diálogo de la presidenta con el abogado de Ovidio Guzmán, terminó en otra innecesaria denuncia contra el abogado del Chapo y de sus hijos, en tribunales mexicanos.
Si no existen acciones firmes y radicales para combatir la delincuencia organizada en territorio nacional, las acciones de presión, con altos costos, provenientes de EU, aparte del daño mediático, seguirán golpeando la economía y la estabilidad regional mexicana.
Los decomisos realizados por las fuerzas armadas y la seguridad pública, de drogas, delincuentes, narcolaboratorios y detenciones de capos regionales, disminuyen su importancia, ante la avasalladora mediática del presidente Trump. Habrá que repensar México y las acciones de gobierno en una estrategia de seguridad integral, que otorgue confianza a la sociedad mexicana.
