Al lanzar “Gas Bienestar”, el presidente Andrés Manuel López Obrador no creó una empresa gasera, sino solo una marca, pues no cuenta con capacidad de almacenamiento ni de distribución y venta.
Para todo ello, “Gas Bienestar” se tiene que apoyar con empresas sancionadas en algún momento por diversos motivos o que han sido acusadas por el propio presidente de crear monopolios y de coludirse para incrementar los precios al público.
Una de estas empresas es Gas Nieto, cuya infraestructura y hasta sus comisionistas son utilizados por “Gas Bienestar” para empezar a vender el producto en la alcaldía Iztapalapa y para extenderse poco a poco por otras regiones del Valle de México.
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En el 2015, la Secretaría de Energía le revocó a Gas Nieto su licencia por su responsabilidad en la explosión registrada el 29 de enero de ese año en el Hospital Materno Infantil de la alcaldía Cuajimalpa, con saldo de varios lesionados.
“Gas Bienestar” también se apoyará en la infraestructura de varias gaseras de Grupo Zeta, propiedad de la familia Zaragoza, que durante años ha monopolizado la venta de gas LP en varios municipios de Baja California.
En días pasados, el SAT retiró a dos empresas de Grupo Z, Compañía de Gas de Tijuana y Compañía de Gas de Ensenada, del Padrón de Importadores de Sectores Específicos y del Padrón de Exportadores Sectorial.
Con esta medida, ambas empresas quedaron impedidas de exportar gas natural, debido a que, a juicio del SAT, no cumplen con los requisitos mínimos previstos en la regla 1.3.3 de las Reglas Generales de Comercio Exterior.
A sabiendas de que “Gas Bienestar” no cuenta con infraestructura propia, el pasado 25 de agosto la Unión Nacional de Industriales de la Carburación a Gas Asociación Civil (UNICARGAS) le ofreció a López Obrador 100 estaciones de servicio.
Pero en Pemex optaron por las empresas más poderosas dentro de la industria, como son Grupo Nieto y Grupo Zeta, quizá porque son las que garantizan una mayor cobertura. Aunque sean las más sancionadas y “careras”.
