La investigación realizada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión apuntaba a la hipótesis de que la periodista Miroslava Breach fue asesinada por sicarios de Los Salazar, grupo del Cártel de Sinaloa que opera en Chínipas, por haber denunciado que Juan Salazar Ochoa, precandidato del PRI a la alcaldía era sobrino de Crispin Salazar Zamorano (líder narcotraficante).
“Destierra el narco a centenares de familias de la sierra de Chihuahua”
Miroslava Breach
En su artículo publicado en el diario La Jornada, la periodista explicaba que el grupo “Salazar” se estaba infiltrando en los gobiernos municipales, declaración a la cual ciertos intereses políticos reaccionaron en forma de amenazas.
En primer lugar el panista Hugo Shultz, quien le advirtió que “ya no podía pisar la sierra”, pese a lo cual ella siguió publicando. En consecuencia, Juan Carlos “N” alias el “Larry”, la habría asesinado.
El día de hoy, la PGR solicitó a las autoridades judiciales imponerle una pena de 70 años de prisión por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado ocurrido en el año pasado, en Chihuahua.
70 años quizá sea el pago a cambio de no involucrar a proceso a aquellos grupos delictivos que siguen coludidos con los políticos que siguen amenazando la libertad de expresión de los periodistas que no le temen a la muerte y siguen denunciando a través del derecho que la Constitución les otorga.
En un mundo donde la impunidad reina andan sin pena: Hugo Amed Schultz Alcaraz, ex alcalde de Chínipas, al que Miroslava Breach identificó como el mensajero de los narcos; Crispín Salazar Zamorano líder del grupo Salazar; y políticos del PRI y PAN exhibidos por la periodista, por su vínculo con el Cártel de Juárez.
70 años cuesta privar la libertad de expresión para que los altos mandos se aprovechen, saqueen, comercialicen y violen la Ley, mientras que los que unidos en lucha por el bien de México siguen siendo acallados y asesinados.
