Durante la conferencia ‘mañanera’ de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su administración buscará eliminar los contratos con penales privados, pues a su consideración son “abusivos” en costos y representan un gasto extra.
En ese sentido, López Obrador pidió hacer una revisión a los contratos que se tenían con ocho penales privados, a los cuales, durante los últimos nueve años, el gobierno les pagó anualmente 75 mil 661 millones de pesos, es decir, el 36 por ciento del presupuesto total.
Además, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que todavía queda pendiente pagar 190 mil 638 millones 819 mil 661 pesos, cifra que equivale al 64 por ciento del costo total
Cabe señalar que los ocho penales administrados por privados se suscribieron a dicho convenio durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2010 y 2011, cuando Genaro García Luna fungió como secretario de Seguridad.
En ese sentido, los penales referidos albergan una población privada de su libertad de 12 mil 284 personas, mismos que se ubican en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Michoacán, Guanajuato y el femenil de Morelos.
Ante esta situación, López Obrador señaló que buscarán un acuerdo con los proveedores de los servicios en dichos penales privados, pero si eso no ocurre se cancelarán los contratos.
En consecuencia, le solicitó a Julio Scherer, consejero jurídico de Presidencia, que busque los convenios con los proveedores de servicios, priorizando el beneficio de la Hacienda Pública, o, como alternativa, elaborar una denuncia para romper los contratos.
¿El gobierno de López Obrador podrá romper estos acuerdos?
Con información de AF Medios
JZ
