¿Quién castiga a los normalistas?

Para nadie es novedad que al hacer referencia a estudiantes normalistas se les asocia con actos vandálicos; saqueo de tiendas, secuestro de camiones, quema de palacios de gobierno, bloqueo de carreteras, robo de vehículos de carga, entre otros delitos.

Y frente a sus actos vandálicos, las pérdidas económicas para las empresas son irreparables.

De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajeros y Turismo en Michoacán (Canapat) y del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) de Michoacán, en tres meses, 95 vehículos han sido robados por normalistas michoacanos.

De acuerdo con el diario La Razón, autobuses de pasajeros, tráileres, camiones y camionetas de carga de productos como frituras, refrescos, cerveza o pastelitos  están retenidos en el poblado de Turícuaro, del municipio Nahuatzen.

Asimismo, en 100 días de protestas, los estudiantes de ocho escuelas normales han quemado más de 20 unidades, que representan 30 millones únicamente en autobuses para pasajeros.

Cabe señalar que aunque las autoridades tienen conocimiento del destino de los vehículos robados, no han querido entrar a la población porque tienen miedo de que se registre otro suceso como el de Nochixtlán, en Oaxaca.

Según el Código Penal de Michoacán de Ocampo, el Artículo 300 refiere que “comete  delito de robo quien se apodera de una cosa mueble ajena y sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer de ella”; tal y como lo han hecho los normalistas, quienes lo hace a la par de los integrantes de la CNTE, con quienes tienen relación. Pero además, los normalistas han caído en el robo de delito calificado porque en algunos casos, los normalistas han ejecutado los robos con violencia.

Y ante estos delitos por normalistas, que son graves, ¿Por qué siguen actuando sin sanciones? ¿Cuántos años estarían en la cárcel? ¿Qué pasaría si alguien que no es normalista retiene un vehículo de carga? ¿Cómo es que negocian con ellos?

En días pasados un grupo de normalistas secuestró al director de Seguridad Pública del municipio de Chilchota, para intercambiarlo con normalistas detenidos, y así vimos como en Michoacán las autoridades negocian la justicia, y cada que no pueden resolver un problema ceden ante la presión de aquellos que sólo buscan generar crisis y caos.