La opacidad en el manejo de recursos de las instituciones públicas es uno de los factores más dañinos para la democracia pues da pie a la corrupción e inhibe la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Por décadas, sindicatos y otras instituciones con prácticas corporativistas han sido caldo de cultivo para la opacidad y el enriquecimiento de líderes gremiales. Sin embargo, este fin de semana el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio un paso que podría amenazar estas malas prácticas.
Este domingo, el INAI anunció que abrirá un proceso sancionador en contra del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), encabezado por el eterno líder Carlos Romero Deschamps, debido a que la organización hizo caso omiso de la solicitud de información presentada por un ciudadano para conocer la forma en que se gastaron los recursos públicos recibidos en 2015.
Así, el sindicato petrolero —una de las organizaciones gremiales más poderosas del país—
será el primero en ser sancionado en el marco de la nueva ley en materia de transparencia.
Pero más allá de las posibles multas al sindicato petrolero, es importante destacar dos aspectos: el primero es que la resolución del INAI implica que al no responder la solicitud, el sindicato vulneró el derecho a la información del ciudadano; y el segundo es que el Instituto no sólo pedirá al STPRM que proporcione la información solicitada; también pedirá comprobantes de los gastos realizados por la organización.
Luego de una revisión al Contrato Colectivo de Trabajo de los miembros del sindicato— firmado en 2015—, el INAI encontró que Pemex entregó al STPRM recursos para apoyo económico y viáticos para el Comité Ejecutivo General de la organización, así como gastos para la celebración de la fiesta de la expropiación petrolera, el mantenimiento de campos deportivos del sindicato y las escuelas de los hijos de los agremiados, entre otros recursos.
¿Será que por fin el poderoso Carlos Romero Deschamps tendrá que rendir cuentas? ¿Es este un parteaguas para el manejo de los recursos públicos?
