Este miércoles, la Universidad de las Américas Puebla presentó el Índice Global de Impunidad, México 2016.
En este ejercicio se evaluaron 17 variables para determinar los niveles de impunidad que existen en cada estado de la República Mexicana.
Según las cifras del estudio, sólo siete de 100 delitos cometidos se denuncian. Es decir, el uno por ciento del total.
Además, 13 estados cuentan con un grado de impunidad muy alto, 11 entidades con impunidad alta y el caso de Michoacán es, de acuerdo con los expertos, una situación crítica.
En entrevista para La Otra Opinión, el Maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara –profesor de seguridad nacional de la UDLAP–, explicó que la raíz de la impunidad no está en el gobierno federal sino en los estados.
De acuerdo a las cifras de Sánchez Lara, el 80 por ciento de los delitos que se cometen en México son del fuero común. Es decir, que son responsabilidad de los estados, de sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Gracias al trabajo de la UDLAP, hoy existen evidencias de que la corrupción se encuentra arraigada en las estructuras de mando de los estados. Y es que la impunidad es un sistema que se reproduce; es parte de una cadena.
En buena medida, la impunidad se explica en la falta de denuncias por parte del ciudadano de a pie. Además, la falta de profesionalización de las policías y los ministerios públicos tiene a los aparatos de procuración de justicia en total descomposición.
Lo anterior se explica si tomamos en cuenta que en los últimos 40 años, la población del país ha crecido en 50 millones. No obstante, el tamaño del sistema de procuración de justicia sigue siendo el mismo. Y si a lo anterior se suma que tampoco se ha invertido en profesionalizar y perfeccionar las instancias que se encargan de la procuración de justicia, no sorprende que los delitos vayan en aumento.
En este contexto de instituciones débiles, de falta de respuestas y de ausencia de denuncias, el mensaje que envía la autoridad es que no hay castigo para quienes infringen la ley y el Estado, que es el único responsable de aplicar la ley, no cumple con su labor y aparece como un órgano irresponsable e incapaz de hacer lo que, por definición le corresponde.
