La Conferencia del Episcopado Mexicano advirtió que los obispos son libres de descalificar la reforma educativa, pues cada uno es libre de expresarse.
De este modo, el organismo católico no sancionará a los prelados que expongan su opinión a propósito de la reforma educativa. Tampoco habrá llamadas de atención para que los religiosos se retracten o se reserven sus pensamientos sobre el tema.
Al respecto, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, Humberto Roque Villanueva, comentó que desde hace años la relación entre la iglesia y el Estado es complicada. Roque trajo a cuenta que desde la promulgación de la Constitución de 1857 la separación de poderes fue un problema. Este asunto se confirmó en 1917, cuando el artículo 130 de la Constitución prohibió a los líderes de cultos intervenir en asuntos gubernamentales.
Finalmente, en 1992 –durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari–, se modificó dicho artículo y se reanudaron las relaciones entre México y el Estado Vaticano.
De este modo, Humberto Roque explicó que la Conferencia del Episcopado Mexicano funciona como una agrupación de religiosos y por eso deja en cada obispo la responsabilidad de sus dichos.
El subsecretario añadió que el organismo sólo tiene la facultad de coordinar a los párrocos y no somete su autonomía frente a Roma y el Papa.
“No obstante, la Conferencia está en un error cuando considera factible criticar a las instituciones del país sin considerar que éstas le dan soporte al país y a la misma iglesia”, aseguró Villanueva.
Para el responsable del trato entre Estado e iglesias, la relación clero-gobierno debe basarse en las normas que derivan del artículo 130 constitucional. Sin embargo, ahora que ocurre lo contrario, el problema está lejos de solucionarse.
