En mayo de 2020, después de recibir reiteradas críticas sobre la opacidad en la que operó sus programas sociales, el gobierno federal dio a conocer por primera vez detalles del llamado “censo de Bienestar” que los Servidores de la Nación habían levantado durante los dos años anteriores con el objetivo de tener una base de datos para determinar quiénes podrían solicitar los apoyos de la llamada Cuarta Transformación.
Dichos detalles se limitaron en un documento sobre la metodología y un par de tablas con cifras inverificables, que servirán de base para un futuro Padrón Único de Beneficiarios. Ello a pesar de que el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo de la Política de Desarrollo Social había señalado que “su levantamiento se hizo antes y durante su diseño (de los programas), por lo que no necesariamente atiende a los objetivos de dichas intervenciones”.
Así, el ejercicio de transparencia del gobierno federal se quedó a medias. Y no sólo en este caso: la administración de Andrés Manuel López Obrador ha perpetuado prácticas de opacidad similares a las de los gobiernos anteriores, pues ha reservado o negado acceso a miles de documentos relativos a proyectos y programas clave de la llamada Cuarta Transformación, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, así como contratos y datos esenciales sobre la campaña de vacunación contra el covid-19.
Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) exhibió esta opacidad, cuando tachó la mayor parte de las más de 7 mil 500 hojas de su “investigación” sobre el expediente del gobierno de Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y ello a pesar de la promesa de López Obrador de que el gobierno mostraría una “transparencia absoluta” sobre este polémico caso.
El expediente publicado por la FGR desató burlas e indignación en redes sociales, y revivió el debate sobre la intención del presidente López Obrador de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), una medida denunciada por un amplio bloque de periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y actores políticos.
En su conferencia matutina del 11 de enero, el mandatario sostuvo que, en caso de concretarse su deseo de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) asuma las funciones del INAI –un organismo autónomo sobre el que el mandatario no ejerce poder directo–, él ordenaría a todas las dependencias la entrega de cualquier información solicitada en 72 horas.
Sin embargo, los datos disponibles ponen en duda esta promesa del presidente.
Con información de Proceso
SG
