El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno “todo sería transparente” e incluso indicó que presentaría una iniciativa de ley para que las instituciones públicas no reservaran información que se les solicita a través de solicitudes de transparencia.
“Que la vida pública sea cada vez más pública (…) Que haya transparencia, no reservar nada, que todo sea transparente. A lo mejor algunas cuestiones particulares que tienen que ver con la seguridad del Estado, pero tiene que justificarse muy bien, y que todo lo demás sea transparente, que no exista reserva. Vamos a hacer una revisión sobre eso y a lo mejor presentamos una iniciativa de ley para quitar las reservas, que la vida pública sea cada vez más pública”, aseguró el pasado 4 de enero de este año.
Sin embargo, sólo exhibe la información que le conviene, ya que ha puesto “bajo llave” información relacionada con sus proyectos claves y de casos que han marcado hasta ahora su administración.
Entre ellos, el mandatario tabasqueño declaró como ‘reservados’ o ‘confidenciales’ documentos sobre el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, los contratos para la compra de vacunas contra el nuevo coronavirus, datos de muertes de la pandemia, por suministro de heparina sódica en un hospital de Petróleos Mexicanos (Pemex), el accidente en Tlahuelilpan, el avión presidencial y el operativo contra Ovidio Guzmán, entre otros.
En ese sentido, distintas dependencias de su administración han seguido recurriendo a dichas reservas, señalando que divulgar ciertos documentos puede “afectar negociaciones”, “comprometer la seguridad nacional” o “afectar investigaciones en curso”.
Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reservó por cinco años toda información relacionada sobre la construcción del aeropuerto internacional “Felipe Ángeles” en la Base Militar de Santa Lucía.
En octubre de 2020, el Ejército fijó reservar por cinco años el expediente de la Fiscalía General de Justicia Militar sobre el caso de un enfrentamiento entre militares y civiles el 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en el que presuntamente se dieron ejecuciones extrajudiciales.
En julio de 2020, el Comité de Transparencia de la Sedena confirmó la reserva por cinco años toda información contenida en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia Militar sobre el operativo fallido del pasado 17 de octubre de 2019 en el cual fue detenido y liberado Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los acuerdos firmados entre el Gobierno Federal y las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford y CanSino para adquirir las vacunas contra la Covid-19 quedaron clasificados como “información confidencial”.
Asimismo, la Secretaría de Salud (Ssa) clasificó “por un periodo de un año” toda información relacionada a las muertes de esta crisis sanitaria.
En diciembre de 2019, la Cancillería reservó por cinco años los documentos sobre la negociación de un acuerdo bilateral con Estados Unidos en materia de tráfico de armas. La Consejería Jurídica de Relaciones Exteriores señaló que en ese momento seguía en curso una negociación con autoridades estadounidenses, por lo que divulgar datos del “proyecto de acuerdo”, sin que ambos países estuvieran de acuerdo, podría “afectar las relaciones internacionales de México”.
En junio de 2019, Pemex reservó por cinco años la información sobre la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, por una toma clandestina, que dejó como saldo 137 muertes en enero de 2019. Un ciudadano le solicitó a la paraestatal mexicana todos los expedientes, bitácoras, fotos o videos que tuviera sobre la explosión en esa localidad de Hidalgo.
La petrolera le respondió que no le entregaría esos documentos porque contienen información relacionada con la estrategia contra el robo de hidrocarburos, y si grupos huachicoleros la conocen, podrían usarla para activar otras tácticas de ataque.
En enero de 2019, el Comité de Transparencia de Pemex confirmó una reserva de 5 años para los documentos relacionados sobre la estrategia para combatir el robo de combustible, señalando que difundirlos pondría en riesgo la seguridad de la empresa y de quienes participan en la estrategia contra el huachicol.
En febrero de 2020, el Comité de Transparencia de Banobras confirmó la reserva por cinco años para el documento “Informe de Evaluación llamado a Licitación (ITB, por sus siglas en inglés) compra de Boeing 787-8 Dreamliner”.
Para la reserva, Banobras argumentó que era un proceso en curso y que difundir los datos podría tener un impacto en el procedimiento de comercialización y enajenación, además de que existían datos personales protegidos bajo “secreto comercial”.
En el caso de la Oficina de la Presidencia, reservó por al menos cinco años y por razones de seguridad que se pueda conocer un croquis o mapa interno del edificio de Palacio Nacional, incluyendo el nombre de las habitaciones.
La Fiscalía General de la República (FGR) insistió durante los últimos años en que la información del caso de presunta corrupción de Odebrecht en México fuera reservada, porque los datos se encuentran “bajo la protección de la reserva del debido proceso”.
Esto, a pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha insistido en su apertura en al menos seis ocasiones, las últimas ya dentro de la administración actual y a pesar de que el presidente insiste en que ya giró la instrucción para que este caso se transparente. Actualmente, la Fiscalía ya perdió de forma definitiva todos los amparos que promovió en contra de resoluciones del INAI, pero sigue sin entregar la carpeta de investigación del caso.
La Fiscalía dio a conocer la versión pública del expediente completo del caso Salvador Cienfuegos, según dijo “en defensa del Estado de Derecho y la transparencia”.
Sin embargo, el gran parte del documento fue testado, es decir, aparece subrayado con negro, lo que impide su lectura. Esto debido a “las salvedades que impone la ley”. Tan solo en la segunda parte del tomo uno, que consta de 42 páginas, nada es visible, excepto, fechas, el número de la carpeta de investigación, el asunto y número de oficio.
La FGR también clasificó como información reservada y confidencial los avances que durante el actual gobierno ha integrado a la averiguación previa abierta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dicha investigación ya había sido desclasificada desde el 2015, por orden del INAI.
Con información de Noreste y Animal Político
MSA
