Día a día son más los mandantes preocupados por la salud mental del mandatario, López Obrador.
Día a día es más evidente la mitomanía del presidente y su alejamiento de la realidad. Y todos los días el propio AMLO supera sus locuaces expresiones del día previo.
Por eso obliga a la pregunta. ¿A quién le importa la salud mental del presidente? Y es que la salud del Estado mexicano depende, en buena medida, de la salud física y mental del presidente.
Pero el tema no es nuevo. El 9 de abril de 2018 –a tres meses de la contienda presidencial que llevó al poder a López Obrador–, aquí preguntamos por la salud mental de los candidatos presidenciales y, en especial, del puntero en las encuestas; el eventual mandatario mexicano, López Obrador.
Una primera represión, más que respuesta, vino del equipo de campaña de López Obrador; esa mafia encabezada por Epigmenio Ibarra, quién pagó una feroz persecución mediática contra Ricardo Alemán, cuya cabeza fue exigida por el propio Obrador, ya cuando era presidente.
El pecado de ese 9 de abril fue preguntar, de manera concreta: ¿Cuál es la salud mental del futuro presidente? ¿Podrá Obrador con el cargo, si tiene algún problema físico o mental?
Y aquel Itinerario Político lo concluimos con el consabido “Al tiempo”.
Y, en efecto, a casi dos años de aquel 9 de abril de 2018, el tiempo nos dio la razón; la salud mental del presiente Obrador pone en riesgo al Estado mexicano y, sobre todo, a la democracia.
Y es que salvo para los necios y fanáticos, queda claro que López Obrador enfrenta serios problemas emocionales que, por ejemplo, lo llevaron a una declaración impensable para un mandatario.
El pasado fin de semana, de gira por el Estado de México, Obrador dijo que en su joven gobierno se termino con la corrupción.
Y, para rematar, soltó un impensable “¡fuchi, caca!”, en rechazo a los corruptos. Y, por supuesto, que no aclaró si se refería a Manuel Bartlett.
Por eso volvemos a preguntar, como aquel 9 de abril de 2018: ¿Quién se hace responsable por la salud mental del presidente?
Pero hoy también sabemos que en un régimen autoritario y de terror, como el que vivimos, nadie se atreve a responder esa interrogante.
Peor aún, son muchos los que a pesar de la tragedia económica y de seguridad que vivimos con el nuevo gobierno, prefieren callar, para no hacer enojar al tirano o, peor, para no perder un hueso.
Aquel 9 de abril dijimos que en la contienda presidencial “gravitan dos variables poco atendidas y nunca respondidas por partidos y candidatos; la salud física y mental de los aspirantes presidenciales”.
Por eso también preguntamos: “¿Alguien sabe si el candidato puntero tiene algún padecimiento mental? ¿Si es medicado? ¿Qué medicina utilizan? ¿Alguien sabe si tal o cual medicamento altera sus facultades mentales? ¿Qué institución sería responsable de una evaluación de las facultades físicas y mentales de los presidenciables?
“¿Se debe atender como alteración mental la recurrencia al engaño y la mentira de algunos presidenciables, como López Obrador? ¿La mitomanía es enfermedad mental? ¿Cuántos de los candidatos son mitómanos? ¿Está capacitado un mitómano para asumir el timón del Poder Ejecutivo?”.
De nueva cuenta el tiempo nos dio la razón.
Y es que hoy sabemos que al presidente Obrador le han documentado más de 20 mil mentiras; muchas más de las registradas al presidente Trump.
A pesar de lo anterior, hoy como ayer, no existe respuesta sobre la responsabilidad de la salud mental del presidente Obrador.
¿A quién debe preocupar? ¿Quién debe dar la voz de alarma? ¿Quién debe declarar incapaz a López Obrador para gobernar?
No hay respuestas porque resulta que la legislación mexicana no está preparada y menos interesada en atender una potencial bomba de tiempo, como la salud física o mental del presidente.
El conflicto, incluso, alcanza la ética periodística. ¿En el caso de la salud física y mental, periodistas y medios tienen (tenemos) derecho a invadir la vida privada del presidente?
La vida privada y evitar un potencial daño a terceros, son los límites constitucionales de la libertad de expresión. Sin embargo, en el caso de un servidor público –del presidente–, el interés público prevalece sobre el derecho a la intimidad, sobre todo cuando se trata de una enfermedad que limita, altera o interfiera en la toma de desiciones de un presidente.
En rigor, un servidor público es “un bien público”. Por tanto, el potencial daño a ese bien público –por enfermedad–, debe ser publicitado para el conocimiento ciudadano, ya que en su papel de mandante, el ciudadano es quien otorga el mandato al presidente.
De esa manera, difundir la enfermedad física o mental del presidente –así como las implicaciones para su desempeño–, es una exigencia social.
Es decir, el interés público prevalece sobre el derecho a la privacidad de aquel ciudadano que se desempeña como presidente.
Así pues, tenemos derecho a exigir que los poderes Legislativo y Judicial ordenen un riguroso examen psiquiátrico al presidente Obrador.
Claro, antes de que acabe con el país.
Al tiempo.
