La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero inició una carpeta de investigación por el presunto delito de corrupción de menores de edad contra la Policía Comunitaria que armó a 20 niños en la localidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, para defenderse de la violencia.
En un comunicado, la dependencia estatal apuntó que los menores de edad no eligieron las armas, los obligaron a posar con ellas para presionar al gobierno del estado, luego de que les fueron negadas diversas propuestas.
En ese sentido, aseguró que ya tiene identificado a los responsables, por lo que procederá “con el firme compromiso de velar por el interés superior de la niñez (…) a fin de garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los menores”.
“La FGE coadyuvará con autoridades estatales y federales para la prevención del delito, así como en la concientización de los pobladores sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes”, explicó.
Asimismo, enfatizó que también se llevará a cabo un proceso para evitar que hechos similares se repitan, así como reforzar las acciones de seguridad en esa zona de manera coordinada con las fuerzas armadas federales.
Finalmente, la fiscalía se comprometió a “promover, respetar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes consagrados en instrumentos y tratados nacionales e internacionales”.
COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/GlshsZtZ2n
— FGE Guerrero (@FGEGuerrero) January 27, 2024
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Cabe recordar que la comunidad de Ayahualtempa está bajo el asedio del grupo criminal “Los Ardillos”.
Debido a la ineficacia de las autoridades estatales por atender este problema, el pasado miércoles 24 de enero, un grupo de cinco niñas y 15 niños recibieron armas para tomar protesta como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
La suma de los menores a las filas de la Policía Comunitaria se dio luego de que el 18 de enero pasado Cecilia Gaspar Hernández, su esposo José Teodoro Domingo y sus hijos, Roberto y Gaudencio, fueron privados de su libertad en Zacatepec, municipio de Chilapa de Álvarez, esto pese a que las autoridades desplegaron operativos en la zona. A la fecha se desconoce su paradero.
Como pueden ver, la 4T prefiere aplicar todo el peso de la ley contra quienes buscan defenderse ante los nulos resultados de la fracasada estrategia de seguridad del dictador de Palacio Nacional; y al mismo tiempo sigue regalando abrazos e impunidad a los grupos criminales.
Con información de Latinus y La Crónica
MSA
