Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que el despido de casi 6 mil trabajadores del órgano electoral como establece el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral costará al erario tres mil 500 millones de pesos en indemnizaciones.
Por lo cual no habría el ahorro que busca el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con estas modificaciones que propone a las leyes electorales.
“¿Dónde está el ahorro que se buscó con la pérdida de las capacidades institucionales que supone la desaparición de las plazas? Por eso, quien diga que los únicos que nos vamos a quedar sin trabajo somos Ciro Murayama y un servidor, miente”, afirmó.
Durante su participación en el seminario “¿Cómo iremos al 2024 con las nuevas reformas? Escenarios bajo el nuevo marco electoral”, el funcionario electoral recalcó que el llamado “Plan B” altera las condiciones actuales de las elecciones e implica un retroceso de 30 años en el tiempo, cuando los comicios eran el primer problema político.
En ese sentido, enlistó las afectaciones que tendrá estas reformas a la estructura del INE y principalmente a la organización de las elecciones.
Por ejemplo, se plantea destituir trabajadores, sustituir comisiones, fusionar unidades y retirar atribuciones, con lo que se desaparecen casi el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral, esto es más de dos mil 100 plazas de un total de dos mil 571.
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Otra grave afectación es el control del voto de los mexicanos en el exterior, que se hará sólo con pasaportes emitidos por el Gobierno de México y no con la credencial de electoral.
“¿Cómo, el gobierno? Sí, el gobierno. Y no sólo, hoy para poder estar inscrito para votar desde el extranjero se requiere de la Credencial para Votar con Fotografía, es la llave para ejercer los derechos políticos”, señaló.
Asimismo, alertó que la equidad en la contienda también está en riesgo, pues todo lo que hoy está prohibido en la Constitución ahora es válido según la ley.
Es decir, la Constitución prohíbe que los funcionarios públicos opinen, intervengan en el debate electoral, principio de neutralidad, que queda descartado.
Por último, señaló que el fondo de estas reformas electorales impulsadas por Andrés Manuel López Obrador, es devolverle al Gobierno el control de las elecciones como estaba hace 30 años, a pesar de que las medidas aprobadas el pasado miércoles son contrarias a la Constitución.
Con información de El Heraldo de México y Animal Político
MSA
