¿Vuelta de tuerca en la seguridad?

Especial
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La seguridad pública ha comenzado a mostrar algunos signos vitales, sobre todo después de las visitas que realizó el fiscal estadunidense William Barr, como consecuencia del culiacanazo y de la masacre de algunos miembros de la familia LeBarón, hechos ocurridos el año pasado.

El gobierno del presidente López Obrador, a pesar de que su capacidad pública de autocrítica es inexistente (no se recuerda que haya aceptado, hasta ahora, ni un solo error, además, los problemas siempre son consecuencia de otros, sobre todo del pasado) ha ejecutado cambios estratégicos, hasta de 180 grados, en algunas políticas públicas, obligado por las circunstancias pero, sobre todo, por la presión que, en ocasiones, ha ejercido la Casa Blanca.

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Así fue como se llevó a cabo un cambio, de manera dramática, en la política migratoria, la cual pasó de una propuesta de puertas abiertas, incluso con apoyo para trasladarse hasta la frontera norte, a la muy estricta política actual, de rigurosa mano dura en nuestra frontera sur: la puerta abierta se ha transformado en la deportación de casi 80 mil migrantes el año pasado y la aceptación de que esperen en nuestro país otros miles más de centroamericanos, y de muchos otros países, en espera de que se les acepte, o no, en la Unión Americana: la mayoría se quedarán en México, serán deportados o tendrán que buscar cómo regresar a sus países de origen.

El T-MEC fue otra demostración de cómo, para sacar adelante el nuevo tratado, se aceptaron cambios, incluso de última hora, cuando la negociación ya estaba cerrada, incluyendo en el camino reformas laborales de gran calado o reglas de origen mucho más restrictivas.

En ambos casos hay que reconocer que las rectificaciones, presionados o no por el gobierno de Trump, han sido también obligadas por la propia situación y, en ocasiones, por fuertes presiones internas. Rectificar la política migratoria era un interés de la seguridad nacional, sacar el T-MEC era imprescindible para sostener la economía del país. Algo similar sucede con la seguridad: la estrategia planteada no funcionaba, el costo social era altísimo y después del culiacanazo, se han ido realizando ajustes que, en algunos aspectos, terminarán siendo determinantes.

Así volvieron a operar los grupos de élite de la Marina, los cuales fueron fundamentales en la lucha contra el narcotráfico y que habían sido desplazados, de mala manera, al inicio del sexenio. Han participado en varias acciones muy importantes, ya en forma pública, en las últimas semanas. Luego del culiacanazo, se acusó de forma injusta a los grupos antinarcóticos de élite de la Sedena del fracaso de aquel operativo (abortado por una decisión política, no por una mala ejecución militar), pero ahora ya están nuevamente operando aunque, como sucede con la Marina, aún podrían dar mucho más con base a la potencialidad con la que cuentan. De todas formas, la reactivación parcial de ambas fuerzas ha servido para reanudar, también en forma parcial y lejos del que tuvo en el pasado, el intercambio de información e inteligencia entre ambos países.

Por otra parte, se han vuelto a activar las extradiciones hacia Estados Unidos, prácticamente congeladas durante los primeros meses del sexenio, lo que era un reclamo constante de las autoridades estadunidenses. En lo que va del año se han realizado más extradiciones que en todo 2019.

Ello ha ido de la mano con otras acciones que son importantes, como los decomisos de cocaína en camiones del Cártel de Sinaloa, realizados por la Sedena ayer mismo, o la detención de un sobrino de Rafael Caro Quintero por la Marina la semana pasada.

En la Ciudad de México, pese a decisiones judiciales poco creíbles, desde la llegada de Omar García Harfush a la Secretaría de Seguridad, la persecución de ese monstruo que creció sin obstáculos durante meses, llamado cártel Unión Tepito, ha recibido golpes serios que han comenzado a afectar su capacidad de operación. Más temprano que tarde se tendrán que sentir los resultados de esa tarea en la capital. También, con la modificación de las estrategias, comienzan a reaccionar algunos gobernadores, coordinándose más con la federación en áreas de seguridad en las que, en los meses pasados, la comunicación era inexistente.

Estamos hablando de una suma de grises, no de blancos y negros, pero lo cierto es que ya no se habla de “abrazos y no balazos”, ni de una amnistía al narco, mucho menos de acusar a soldados y marinos de reprimir al pueblo o ejecutar masacres. Y la Guardia Nacional parece comenzar a asentarse luego de la caótica desaparición de la Policía Federal.

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Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, se volcará este año mucho más a seguir la pista del dinero en ámbitos delincuenciales como el tráfico en aduanas, armas y, sobre todo, secuestros.

Se trata, nuevamente, de la consecuencia de presiones que llegan desde el norte, pero también de imposiciones de la realidad, de acciones que, desde los mismos órganos de seguridad, se estaban reclamando para poder combatir a los delincuentes, organizados o no.