Durante los últimos años ha aumentado de manera alarmante la violencia en Chiapas, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo niega, asegurando que es uno de los estados con menos violencia gracias a los numerosos beneficios del gobierno de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, los chiapanecos enfrentan día a día graves problemas como lo son los secuestros, amenazas, extorsiones, el reclutamiento forzado, la falta de acceso a la educación y a los servicios básicos para vivir.
Las denuncias de estas problemáticas son hechas de manera principal por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), grupo con el que el mandatario mexicano lleva una relación tensa, pues en su conferencia del pasado jueves, López Obrador afirmó que la información dada por el EZLN era falsa.
López Obrador incluso se atrevió a afirmar que él conocía mejor Chiapas, sin embargo, los datos oficiales son otros y el estado mantiene una alta tasa de homicidios desde el 2020, sumado a la percepción de inseguridad que vive en todos los chiapanecos.
De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el 2020 se registró un incremento en la tasa de homicidios dolosos, pues tan solo en 2023, se registraron 457 homicidios dolosos en el estado, un incremento del 17% respecto a los datos del 2022.
De acuerdo a este mismo sistema, los municipios con más delitos en Chiapas son:
- Tuxtla Gutiérrez con 1040
- Tapachula con 1452
- Palenque con 747
- San Cristóbal de las Casas con 639
Además de los constantes pronunciamientos del EZLN, diversas organizaciones en el estado también han denunciado un sinfín de violencias, entre las que también se agrupan el despojo, saqueo y la extracción minera y agrícola.
Sumado a esto se une el hartazgo de la población ante la inserción del crimen organizado en el estado, pues el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se establecieron en Chiapas, obligando a que los pobladores tengan que desplazarse forzosamente debido a las disputas territoriales entre grupos criminales.
Además de ser obligados a desplazarse de sus hogares, pobladores de diversas regiones de Chiapas se han visto sometidos al corte de servicios básicos y a la interrupción de la educación, pues desde septiembre, la zona de la Sierra Madre suspendió clases debido a la violencia ejercida por estos cárteles.
De acuerdo a datos de la Iglesia Católica y del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, se estima que más de 3 mil personas han sido desplazadas de la región de la Sierra Madre, debido a los constantes enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
Ante la crisis de inseguridad y la poca acción tanto del gobierno estatal como del federal, el EZLN dio a conocer que desaparecerían sus municipios autónomos para ser reemplazados por una nueva forma de organización que ayudara a disminuir la inseguridad en el estado.
Fue así que anunciaron la formación de los Gobiernos Autónomos Locales (GAL), organismos de representación del movimiento zapatista que permiten el trabajo conjunto con ciudadanos fuera del EZLN, pues las autoridades no protegen a la sociedad civil sino que únicamente se encargan de disputar con los cárteles.
Además de la inseguridad que impera en el estado, los pobladores también denuncian la crisis migratoria que aqueja a la entidad, pues Chiapas se ha convertido en un “tapón” para los miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
De acuerdo a El Centro de Dignificación Humana A.C., se estima que más de 60 mil personas están varadas en el estado en espera de obtener sus tarjetas de circulación legal, situación que ha provocado bloqueos y protestas debido a la lentitud del proceso.
Esto también a alentado a que miles de migrantes se arriesguen a seguir su camino migratorio de forma ilegal e insegura, lo que ha provocado la muerte de varias personas. Pues los migrantes se han vuelto un objetivo fácil para el crimen organizado.
