Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) urgió al Senado de la República aprobar la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) para proteger los derechos humanos.
En el conversatorio ‘Diálogos hacia la elaboración de un Protocolo para la Prevención del Desplazamiento Forzado Interno’, puntualizó que la prevención es un tema central, al señalar que generalmente se actúa como bomberos, al reaccionar a los conflictos o tragedias, por lo que la respuesta es tardía y costosa no sólo en vidas, sino en sufrimiento y tragedia humana.
Por su parte, Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), reafirmó que atrás del Desplazamiento Forzado Interno, siempre hay una persona y una familia que tiene que voltearse a ver.
Por su parte, el director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Segob, José Luis Calderón, coincidió en que el desplazamiento forzado es un problema público y para los gobiernos no es reto menor.
Asimismo, el titular de la Unidad de Gobierno de la Segob, Luis Fernando Rosas, destacó que las personas desplazadas presentan mayores obstáculos en el ejercicio de sus derechos, por lo que se necesita tener un diagnóstico especializado y tener un enfoque preventivo.
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La Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno actualmente se encuentra en el Senado, después de ser avalada en la Cámara de Diputados en septiembre de 2020.
Con ella, se busca reconocer y garantizar los derechos de las personas desplazadas en el país.
Además, establece atribuciones y el reparto de competencias entre la federación, estados, municipios y organismos autónomos.
También considera la creación de un programa nacional para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno.
Con información de La Jornada y MVS Noticias
MSA
