El paquete económico 2019 incluye un presupuesto equilibrado y sensato, que cumple, además, con los objetivos que se había fijado la administración López Obrador. Que el margen no da para mucho lo demuestra el crecimiento propuesto, de apenas dos por ciento, con una inflación de 3.5 por ciento, pero también con estimados que parecen ser una suerte de expresión de deseos: un dólar que esté todo el año en 20 pesos y que el barril de petróleo se mantenga por lo menos en 55 dólares por barril, hoy está en aproximadamente 52 dólares.
López Obrador destinará 300 mil millones de pesos a sus programas sociales, como lo prometió, pero termina castigando seriamente otras áreas, como la educación y, particularmente, las universidades y la seguridad pública. Incluso la inversión en el campo. El tema universitario es uno de los más sensibles. La relación del Presidente con las universidades públicas no es la mejor, hay que recordar cómo en campaña fue el único candidato que no se reunió con la ANUIES, pero parecía haberse recompuesto luego de la elección.
Sin embargo, ahora, se le reduce a todas las universidades públicas el presupuesto, en forma notable a la UNAM y el IPN, con el argumento de que se debe obtener dinero para el proyecto de las cien nuevas universidades, lo que se suma a las contradicciones que se generaron con la presentación de la nueva Reforma Educativa en las que muchos interpretaron que se quería abolir la autonomía universitaria.
En dicha reforma, además, se establece que toda la enseñanza superior será gratuita, cuando hay universidades públicas, sobre todo en el norte del país, que obtienen buena parte de sus ingresos de diversos pagos de cuotas o servicios.
La UNAM, la más damnificada, lleva años con un presupuesto, en términos reales, menguante, a pesar de que ha acrecentado su plantilla y el número de sus alumnos, al tiempo que es, sin duda, el principal espacio de investigación científica en el país. Un recorte de casi 7 por ciento como el propuesto dañará irremediablemente a la máxima casa de estudios. Ni siquiera después de la crisis del 2008, la UNAM había recibido un recorte similar en sus ingresos.
Porque, además, quitarle recursos a las universidades existentes para otorgarlo a las “cien universidades” que se quieren crear en los próximo años es un sinsentido. Primero, porque no se sabe, por lo menos no es público, cuáles serán esas universidades, dónde estarán, qué carreras se cursarán, qué nivel tendrán, de dónde saldrán sus académicos e infraestructura.
Durante su gobierno en la ciudad de México, López Obrador creó la universidad local que ha sido, en términos académicos, un fracaso y en lo financiero, una suerte de barril sin fondo. No se puede repetir esa experiencia multiplicada por cien. En todo sentido, antes de emprender un programa de esas características se tendría que comenzar por fortalecer lo que se tiene y en el presupuesto 2019 se lo debilita.
En términos de seguridad, también hay varios equívocos. Es verdad que se aumenta el presupuesto de la Defensa Nacional en un 11 por ciento, pero allí se deben sumar los recursos destinados a la creación y operación de la Guardia Nacional y el nuevo papel de la Sedena en la seguridad pública en todo el país. En realidad, al final, tendrá menos recursos que hoy en día. La reducción en la Marina, a pesar de sus nuevas obligaciones, es directa: pierden el 9 por ciento de su presupuesto.
Un porcentaje similar al de la Procuraduría General de la República, una instancia que requiere con urgencia (quede como PGR o como la nueva Fiscalía) un aumento de recursos y de atención acorde con su importancia en el sistema de justicia y seguridad en el país. Es el eslabón más débil de los mismos y sigue ignorada.
La Policía Federal, aun dentro del presupuesto de gobernación, pierde mil 600 millones de pesos, el sistema penitenciario federal recibirá 400 millones de pesos menos y el CNI, que reemplazará al Cisen, perderá el 17 por ciento de su presupuesto.
Al mismo tiempo persisten los conflictos por los salarios con el Poder Judicial, con los militares, con los policías federales, con los funcionarios del servicio exterior, con empresas como Pemex y la CFE, con el sector financiero, incluyendo el banco de México, a los que ahora se sumarán las universidades públicas. En contraposición se aumenta, con toda justicia, el salario mínimo a 102 pesos y la secretaría del Trabajo recibirá 40 mil millones de pesos más que el año pasado para el programa de empleo para jóvenes, lo que es bienvenido.
Siempre el presupuesto sufre ajustes, se compensan partidas, existen errores que son subsanados en su paso por el congreso. Todo indica que en esta ocasión no será así: Morena y sus aliados están aplicando la aplanadora legislativa como no se veía desde los años 70, tanto que ayer, mientras el secretario Carlos Urzúatenía una conflictiva comparecencia en la Cámara baja, la comisión de presupuesto ya preparaba el dictamen para aprobar sin cambios, anoche mismo, el dictamen y presentarlo hoy a votación en el pleno. Se dirá que es el derecho que le otorgan al oficialismo sus 30 millones de votos, pero a veces deben recordar que otros 27 millones de mexicanos votaron por otras opciones y quieren, también, que se les vea y se les oiga.
