Mañana 1 de septiembre, el presidente Peña Nieto rendirá su último informe de gobierno. Lo enviará al Congreso, como se hace desde 2006, cuando los seguidores de López Obrador impidieron al presidente Fox entrar a la Cámara de Diputados a entregar documentos y pronunciar un mensaje político. Así se había hecho por décadas, hasta que se rompió la civilidad.
En esta ocasión, algunos de los que entonces impidieron ese informe estarán también en la Legislatura, y otros participando de distintas formas en el nuevo gobierno. No sería raro que dentro de un año, el 1 de septiembre de 2019, regrese el día del presidente, y López Obrador sí pueda hablar frente a los legisladores. Ya lo veremos.
En esta ocasión, Peña Nieto seguramente tendrá un evento alterno, como ha ocurrido en los últimos 11 años, además de la gira de entrevistas y alud de spots que hemos visto por algunos días. Usted recordará que el presidente tiene 10 días previos y siete posteriores al informe para hacerse publicidad sin que sea delito. Y como suele ocurrir, el exceso de presencia en medios acaba siendo contraproducente.
Este último año de Peña Nieto no parece tener mucho para festejar. En la economía las cosas van razonablemente bien, como casi siempre, pero sin grandes avances. Se puede celebrar de manera especial la disciplina fiscal, que ha permitido reducir un par de puntos la deuda, o la generación de empleos, que ha sido importante, pero no más que en los años anteriores. De forma que lo que parece estar haciendo el presidente es un recuento de su sexenio.
Los primeros tres años, o un poco menos, fueron exitosos: se logró impulsar un conjunto de reformas de gran calado, como dicen, aunque el funcionamiento de la economía no fue tan bueno. El gobierno incrementó su gasto sin tener un impacto sobre el crecimiento, con lo que la deuda fue la que creció. Pero creo que en esos años, el gobierno de Peña Nieto parecía bueno, e incluso nos hizo olvidar el riesgo de restauración autoritaria que tanto preocupaba a esta columna.
Sin embargo, a partir de la masacre de Iguala (mejor conocida como Ayotzinapa, por la escuela de la que formaban parte los jóvenes asesinados), y del escándalo de la Casa Blanca, el gobierno perdió rumbo. No supo reaccionar frente a esos dos eventos, que hicieron creíble la idea promovida en redes de que México vivía el peor momento de su historia. Corrupción e inseguridad se convirtieron en los dos grandes temas para los mexicanos, y con ello el PRI inició su caída. Más cuando las derrotas de 2016 permitieron a la oposición destapar la corrupción en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, que confirmó las versiones de prensa que habían aparecido poco antes de los comicios de ese año.
La caída en popularidad de Peña Nieto fue muy grande, y arrastró a su partido. Intentaron recuperarse a la mala en 2017, con magros resultados, y la debacle fue 2018. Fueron barridos en las urnas, y es posible que haya sido la derrota definitiva.
El trabajo de presidente es ingrato. Incluso quienes tienen un buen desempeño, son criticados por buena parte de la población. Quienes, como es el caso de Peña Nieto, pierden la brújula, corren con peor suerte. A pesar del avance histórico que significó el Pacto por México, su herencia no es ésa, sino el gobierno de López Obrador, que puede representar el fin anticipado de las reformas estructurales. Si las cosas no le salen bien, podría incluso complicar las finanzas públicas, que sería algo todavía más grave. Y eso será el legado de Peña Nieto.
