Siguen apareciendo irregularidades en la compra de pipas que hizo la administración de Andrés Manuel López Obrador, para transportar combustible durante el desabasto de éste por la lucha contra el huachicol.
De acuerdo con el diario Reforma, la adquisición de estos vehículos se hizo mediante una triangulación que no permite auditar los recursos públicos que se utilizaron durante la transacción.
Fueron Marco Antonio Fernández y Roberto de la Rosa, especialistas de México Evalúa, quienes detallaron que la operación se realizó a través de la filial de Pemex III Servicios; pero no puede ser fiscalizada, porque no puede ser considerada como una adjudicación directa, ya que no se aplicaron los controles establecidos en la Ley de Adquisiciones.
“Es relevante señalar que esta empresa filial no paraestatal, debido a su naturaleza jurídica, no puede ser fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación ni por la Secretaría de la Función Pública, es decir, la compra de las pipas no es auditable”, explicaron.
“En contraste, la adjudicación directa por la Ley de Adquisiciones garantizaba un mínimo de eficiencia. La triangulación de Pemex con III Servicios, en un esquema de subcontratación, tipo estafa maestra, no otorga ninguna garantía al Estado mexicano”, agregaron.
Asimismo, apuntaron que la compra se realizó basándose en el régimen especial que otorga la Ley de Pemex, a la misma empresa productiva del Estado, en consecuencia se convirtió en “juez y parte”.
