Este lunes, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) garantizar la protección y los derechos de Carlos Antonio Santamaría, niño de 12 años quien cursa la carrera de Física Biomédica, que ha denunciado acoso por parte de un profesor.
Fue en agosto de 2018 cuando Carlos acudió a su primer día de clases en la Máxima Casa de Estudios; pero en fechas recientes pidió la protección de las autoridades por el acoso que sufre por parte de un catedrático, mismo que asegura haberlo “difamado“.
Dicho amparo lo tramitó el padre del menor, Fabián Santamaría, y un tribunal federal se lo otorgó bajo el expediente 42/2019, donde el joven reclamó, a través de su familiar, lo siguiente:
“Los hechos son que el mencionado profesor realiza de manera reiterada y mal intencionada actos de acoso y difamación contra mi hijo comunicando de manera verbal o por otros medios a miembros de la comunidad dentro y fuera de la facultad, cuestionando la capacidad académica y la conducta de mi hijo, amenaza con realizar acciones para demostrar que (Carlos) no es justo merecedor de ser alumno de la institución.
“Torpemente convoca medios de comunicación garantizando que ‘las cosas arderán y que arderán bien’, asimismo, reta a mi persona que tengamos una confrontación personal bajo las palabras ‘me tomaré un cafecito contigo dentro de la facultad’. Lo anterior está fomentando un enardecimiento no necesario en parte de la comunidad de la facultad contra el hecho de que (Carlos) sea alumno y la misma por venir de un académico debe y puede ser detenida de manera inmediata”.
Cabe señalar, que el Séptimo Tribunal Colegiado ordenó, por unanimidad, que la dirección de la Facultad de Ciencias permita el libre ejercicio de los derechos universitarios del menor, los cuales deben garantizar la inclusión del alumno en la comunidad escolar dentro de un ambiente libre de violencia.
En lo anterior deben participar al rector Enrique Graue, así como al Consejo Universitario y a la Defensoría de los Derechos Universitarios, y de ser necesario un perfeccionamiento de la Legislación de dicha institución.
