Desde hace semanas, el gobierno federal ha mostrado un viraje peculiar en su estrategia de comunicación.
La administración que se distinguió por la falta de respuesta, por la incapacidad de reacción y por el pésimo manejo del discurso; ha dado un vuelco de 180 grados.
Del evento más reciente al más antiguo destacan:
Uno. La presentación del tercer peritaje en el basurero de Cocula que confirma la investigación de la PGR y ratifica que los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y calcinados en Guerrero.
Dos. El ultimátum al Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras una pésima investigación, luego que estos peritos pusieron en duda las investigaciones del Estado mexicano y luego que fue necesario pagarles dos millones de dólares, la secretaría de Gobernación finalmente hizo lo que debía y advirtió que luego del 30 de abril no habrá prórrogas para los peritos extranjeros. Es decir, que presentan sus conclusiones y luego se van.
Y tres. Después de un irresponsable, incompleto y falaz trabajo de investigación, el relator en materia de tortura de la ONU, Juan Méndez, no fue admitido de vuelta en México. En 2014, el señor Méndez presentó un reporte en donde alegó que la tortura era una práctica generalizada en México. No obstante, investigaciones serias evidenciaron las deficiencias del proyecto de Méndez. Es así que cuando el relator solicitó volver a México para llevar a cabo un segundo estudio, el gobierno federal le negó el acceso.
De la noche a la mañana, el gobierno federal parece haber entendido la lección.
Aparentemente, los hombres del presidente ya se dieron cuenta que lo que deben cuidar es la imagen al interior, es la pronta reacción y son los argumentos contundentes.
Por donde se mire, el cambio en la estrategia comunicativa es atinado y seguramente redituará a la autoridad. Sin embargo, tampoco está de más preguntar, ¿todavía están a tiempo de cambiar el rumbo? Luego del evidente daño en la credibilidad e imagen del gobierno, ¿sirve de algo la nueva estrategia?
