Este martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que habrá sanción para la persona que filtró información, referente a un estudio de contactos que tuvo la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, diagnosticada con COVID-19; sin embargo, olvidó que fue la misma funcionaria quien reveló la información.
Luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer que Eréndira Sandoval, fue diagnosticada con COVID-19 desde el pasado 20 de abril, se reveló que la funcionaria mantuvo una reunión con varios miembros del gabinete presidencial, quienes desconocían su padecimiento.
Ante ello, López-Gatell indicó que esta información se trata de una filtración y es una violación, por lo que se procederá legalmente.
“Esta foto e información, representan una violación a la ética del servicio público y vamos a ver quién filtró la tabla de datos de las personas involucradas con sus nombres. Cuando investiguemos quién filtró, tendrá sanción importante”, advirtió López-Gatell
“Cuando una figura pública tiene una enfermedad se vuelve asunto de notoriedad, se hace enorme énfasis sobre ¿cómo está? ¿a cuántos contagio? Entonces, se filtra la foto y se arma un escándalo”, agregó el funcionario.
¿Pero por qué acusar de filtración cuando fue la misma Sandoval quien dio a conocer el encuentro?
¿La salud de altos funcionarios no es asunto de interés público?
Sabemos de antemano que la información de un funcionario público -por más público que sea- se restringe a la ciudadanía como parte de su derecho a la privacidad, pero el hecho de ocultar un padecimiento de salud y darlo a conocer días después, debería ser acreedora a una sanción por poner en riesgo a terceras personas.
Ahora la pregunta sería ¿cuántos funcionarios están bajo dicho padecimiento y no lo saben o no lo han dado a conocer?.
