La organización México Evalúa informó que sólo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en el país; además advirtió de una “clara ausencia” de perspectiva de Estado para formar o fortalecer las instituciones.
Sólo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en México
De acuerdo al informe “Hallazgos 2021” de la organización, se analizó y evaluó el sistema de justicia penal en México; seis años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al Sistema de Justicia Penal (SJP).
El informe incluyó un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos, lo que reveló que la desaparición forzada (98.9%), la extorsión (98.2%), la violencia familiar (97.1%) y el homicidio doloso (96.9%) son los de mayor incidencia en el país.
Asimismo, el análisis de México Evalúa señala la insuficiencia de presupuesto para las instituciones; así como las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores. Lo que determina que el 91.8% de los delitos investigados en el país queden impunes.
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“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía; la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
El informe detalla que en 2021 el presupuesto a nivel estatal aumentó sólo 0.07% con respecto a 2020.
De ese presupuesto, el 50% se destinó a seguridad pública, 26 % a las fiscalías, 22% a los poderes judiciales, 2% a las defensorías y apenas 0.43% a las comisiones de atención a víctimas.
Sobrecarga de trabajo, capacitación y aptitudes para realizar funciones públicas
En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional; cada perito atendió 356 solicitudes, cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.
Por otro lado, “Hallazgos” llama la atención sobre la fallida transición de la Fiscalía General de la República (FGR); la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.
Entre sus datos recoge que actualmente 94 mil elementos de las Fuerzas Armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; y sólo 29% del personal de la Guardia Nacional (GN) cuenta con certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones públicas.
Y es justo la GN, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cuerpo policial que acumula más quejas por violaciones a los derechos humanos; 350 en 2020, 504 en 2021 y 255 con corte a junio de 2022.
“Es urgente replantear las prioridades, fortalecer a las instituciones, dignificar a los operadores y colaborar con la sociedad para construir soluciones”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.
DC
