Por medio de un comunicado integrantes del Sindicato Nacional Minero Democrático solicitaron un proceso de desafuero en contra del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, esto después de que el portal The Breaker News dio a conocer que viajó a Vancouver con pasaporte canadiense.
Los opositores al líder minero señalaron que con dicha acción se evidenció que el legislador todavía conserva su doble nacionalidad, en consecuencia está impedido a ocupar un cargo de elección popular, ya que así lo dicta la Constitución.
Fue el secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, Ismael Lejía Escalante, quien le pidió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que tome en cuenta la conducta de Urrutia, pues se trata de “traición a México”.
“No hay mexicanos por encima de la ley, pero Gómez Urrutia sí lo está, como está demostrado. Por un lado, el Presidente habla de que ya hay cero corrupción, pero en Gómez Urrutia sí persiste la corrupción, porque tiene doble nacionalidad y no puede ser senador”, detalla la nota informativa.
En ese sentido, detalló que el numeral 32 constitucional dicta que para el ejercicio “de los cargos y funciones para los cuales por disposición de la presente Constitución se requiere ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad” y con ello se evita un conflicto por doble nacionalidad.
Además, sostuvo que el artículo 55 señala “que los senadores y diputados deben ser originarios de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella”.
Cabe recordar, que Gómez Urrutia vivió los últimos 12 años en Canadá, ya que se autoexilio después de ser acusado “de la malversación de 55 millones de dólares de un fideicomiso; en 2014 recibió la nacionalidad a la que dijo renunció para participar en el proceso electoral del 2014 cuando fue candidato plurinominal al Senado”, rememoraron los sindicalizados.
“La nacionalidad canadiense representaba para Gómez Urrutia su principal arma legal para evitar el cumplimiento de la orden de extradición por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que continuaba vigente desde 2008, cuando fue solicitada por la Administración de Felipe Calderón”, concluyeron.
