Este miércoles, diputados y senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM acordaron que el lunes 30 de mayo, votarán el paquete de leyes en materia de combate a la corrupción.
Sin duda, se trata de un gran avance.
No obstante, viene a cuenta preguntar, ¿servirá de algo?
En repetidas ocasiones, en éste y otros espacios hemos expuesto que a pesar de los controles –como la iniciativa 3 de 3, que obliga a los servidores públicos a presentar sus declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial–, los políticos suelen encontrar la forma de dar la vuelta a los candados y salirse con la suya.
Por eso, en La Otra Opinión platicamos con Alexandra Zapata –investigadora del IMCO, la organización responsable del 3 de 3–, quien explicó que sin un marco normativo, apuestas como el 3 de 3 son insuficientes.
De acuerdo con Zapata, el 3 de 3 debe acompañarse de un sistema de información que permita a la autoridad recibir, verificar y sancionar las declaraciones en tiempo real y sin la necesidad de que un escándalo obligue a las instituciones del Estado a averiguar los antecedentes de un servidor público.
Esta medida, explicó la investigadora, certificaría que la información presentada es honesta y completa; además sancionaría a los servidores públicos –y candidatos– que omitan presentarla.
En el contexto actual, la iniciativa 3 de 3 es insuficiente pues los candidatos no están obligados a presentarla y las organizaciones que la coordinan no son capaces de verificar la información.
Aun así, concluyó Zapata, la insistencia de organizaciones como el IMCO ha logrado que la ciudadanía exija la medida, que la presión pública logre que más de la mitad de los candidatos presenten sus declaraciones y que –según encuestas–, el 60 por ciento de los votantes se diga dispuesto a cambiar su voto, si el candidato no presenta el 3 de 3.
