Son varios meses desde que los peritos independientes –enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, dicen “investigar” la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hasta el momento, sus avances más relevantes han sido desacreditar el trabajo de las instituciones mexicanas y cobrar 136 mil pesos al mes.
Sin embargo, todo indica que el beneficio mayor ha sido para la CIDH –donde el secretario ejecutivo es el mexicano Emilio Álvarez Icaza–, pues cada seis meses que sus peritos “trabajan” en México, la Comisión suma a sus arcas un millón de dólares. Sin olvidar que el Estado mexicano cubre todos los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
No obstante, el fraude de estos “peritos expertos” es tan evidente que algunos –como el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, así como el Ojo Ciudadano–, presentaron una denuncia penal –ante la PGR–, en contra del propio Emilio Álvarez Icaza. ¿Por qué motivo? Por el delito de fraude.
Según los quejosos, el que fuera ombudsman capitalino habría cometido fraude por un monto de entre 1.25 y dos millones de dólares en perjuicio de la Federación. Y es que, siempre según los demandantes, la CIDH habría recibido dinero del Gobierno mexicano “a cambio de proporcionar asistencia técnica para localizar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y a contribuir a aclarar los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala”. No obstantes, en palabras de José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano, “los expertos” que la CIDH envió a México, lejos de honrar el acuerdo, “no han hecho la menor contribución ni a la localización de los desaparecidos, ni al esclarecimiento de los hechos”. Por el contrario, continuó Ortega, los peritos habrían malversado los fondos que les proporcionó el Gobierno de México.
Anteriormente, en la Otra Opinión se comentó que estos “expertos” del GIEI arrastran una larga lista de trapitos sucios. Por eso no sorprende la denuncia en contra de Emilio Álvarez Icaza, ¿por qué? Porque el desempeño de los peritos ha sido cuestionable, porque no han ofrecido resultados, porque su labor ha sido harto cuestionable y porque Álvarez Icaza es el signatario del acuerdo y del addendum por por parte de la CIDH y porque, para rematar, el addendum referido garantiza la inmunidad –o impunidad– de los “expertos”.
Gracias al acuerdo entre el gobierno mexicano y la CIDH, los integrantes del GIEI están protegidos “contra toda forma de detención o arresto personal” y “contra todo procedimiento judicial, legislativo y administrativo en relación con los actos ejecutados y las expresiones emitidas en el desempeño de sus funciones”.
¿Será, acaso, que el señor Álvarez Icaza sabía las pillerías que sus expertos llevarían a cabo en el país y por eso les garantizó inmunidad?
Hasta la fecha, los “expertos” han costado dos millones de dólares a los mexicanos sin que se hayan dado avances significativos en la desaparición de los 43 normalistas.
Pero la cosa no termina aquí. Lo cierto es que no es la primera vez que el señor Álvarez Icaza encabeza un escándalo por el uso abusivo de recursos públicos. Seguramente muchos recuerdan que cuando Emilio Álvarez estaba al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fue señalado por despedir a cuatro mujeres embarazadas.
Asimismo, Álvarez Icaza fue cuestionado con severidad cuando decidió erogar más de 265 millones de pesos para cambiar las oficinas que albergaban a la Comisión de Derechos Humanos capitalina. Y es que, según el señor Álvarez Icaza, la Comisión no podía trabajar pues “estaba a 50 pasos de una estación del Metro”. En consecuencia, destinó la bicoca de 265 millones para cubrir los gastos de adquisición, remodelación y escrituración de la nueva sede.
Ése es el responsable de enviar a un puñado de vividores a “investigar” la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Ése es el hombre que, de un momento a otro, expondrá sus aspiraciones presidenciales.
