A cuatro meses de la elección de gobernador, en Tamaulipas se cocina un proceso marcado por la guerra sucia, ¿quiere pruebas?
Este miércoles, el periódico Reforma publicó –por segunda ocasión–, acusaciones en contra del candidato del PAN al gobierno de Tamaulipas, el senador con licencia Francisco García Cabeza de Vaca.
Según el diario, Héctor Crescencio de León Fonseca, supuesto operador del Cártel del Golfo, habría declarado a los policías federales que lo detuvieron en enero del año pasado, que su jefe —Marco Antonio Haro Rodríguez—, le aseguró que parte de dinero que obtenían de actividades ilícitas eran para el “político Cabeza de Vaca”.
Anteriormente –en diciembre de 2015–, el mismo periódico reprodujo las declaraciones de un testigo protegido preso en Estados Unidos, quien también dijo que Cabeza de Vaca habría recibido dinero del cártel del Golfo.
Lo peculiar es que el Diario se ha limitado a reproducir acusaciones que, en realidad, carecen de evidencias físicas. O si lo prefiere, se trata de versiones sin confirmar y rumores. Por eso, aunque la autoridad está obligada a investigar –sobre todo si se trata de un candidato a gobernador–, tampoco está de más preguntar si existe alguna intención política atrás de estas publicaciones.
Y a propósito de Héctor Crescencio de León Fonseca, el supuesto operador del Cártel del Golfo, viene a cuenta señalar que ayer, en su columna en Excélsior, Jorge Fernández Menéndez publicó que el presunto criminal había sido liberado —por falta de elementos—, por orden del Juzgado décimo de distrito en Tamaulipas.
Cabe señalar, además, que ese juzgado se encuentra acéfalo y que responde, directamente, al secretario de Acuerdos del estado, Adalberto Santiago Argüelles.
¿Quién pone orden en Tamaulipas?
