Con base en información de la agencia Moody´s los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit y Veracruz presentan grandes deficiencias en los reportes sobre sus deudas y facturas financieras.
Caso contrario sucede con Querétaro y Guanajuato, entidades que reportan la mayor puntuación en la relación calidad de administración y gobierno interno, esto basado en la metodología que utilizó Moody´s.
Asimismo, los últimos reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelaron que en algunos estados no se está reportando el total de la deuda a corto plazo y existen discrepancias entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros y la de la Secretaría de Hacienda, notificó la calificadora de riesgo crediticio.
“Esta falta de consistencia (en la información de los estados) complica los esfuerzos de calcular el monto total de la deuda, el costo del servicio de la deuda, así como los riesgos de liquidez”, resaltó Moody´s, en su reporte ‘Divulgación deficiente de la deuda refleja débiles prácticas de administración que pueden presionar la liquidez, la calificadora de riesgo crediticio’.
El reporte mostró el caso de Baja California (B2 negativa) la cual reportó una deuda financiera por 11 mil 846 millones de pesos, que contrasta con el monto auditado que asciende a 12 mil 648 millones de pesos, de acuerdo con datos de la ASF.
“La revelación de la deuda de corto plazo continúa siendo deficiente y recordó que desde 2017, estados y municipios deben reportar toda la información de su deuda de largo plazo, así como de otras obligaciones como préstamos de corto plazo, arrendamientos financieros, factoraje, garantías y asociaciones público-privadas.
“Así se establece en la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Contabilidad Gubernamental, tanto en sus estados financieros como en el Registro Público Único de deuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, agregó Moody´s.
El reporte concluyó que 13.5 por ciento de las transferencias etiquetadas para los estados no se gastan de manera adecuada; en consecuencia deben comprobar su destino, de lo contrario se deben regresar al gobierno federal.
