A los integrantes de la llamada “Cuarta Transformación” les encantan las consultas populares, pero promueven las que les convienen, aunque sean frívolas, y omiten las verdaderamente importantes.
En días pasados, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso local el Plan General de Desarrollo 2020-2040 y el Programa General de Ordenamiento Territorial 2020-2035, con la finalidad de que sean aprobados a la brevedad.
Solo que se le olvidó someter ambos proyectos a consulta popular, como lo ordena la Constitución de la Ciudad de México impulsada por su partido, Morena.
El artículo 15 inciso A de la Constitución local señala que los proyectos antes señalados “Deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana, en todas las etapas de consulta del proceso de planeación”.
¿Qué dice la Constitución?
La Constitución también señala que el Congreso debe aprobar el Plan General de Desarrollo de la Ciudad en un plazo no mayor a los seis meses a partir de su presentación, y que si esto no ocurre, se dará por aprobado.
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Señala también que el Programa General de Ordenamiento Territorial será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva “con la participación de la administración pública de la ciudad, las alcaldías y la sociedad, y enviado por la o el jefe de Gobierno al Congreso”.
Dicho Instituto fue constituido hace apenas un mes, tiempo durante el cual hubiera sido imposible elaborar el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, y someterlos a las consultas entre la ciudadanía y las alcaldías, como lo ordena la Constitución.
Ambos documentos son importantes, pues en ellos se traza todo el futuro de la capital de la República para muchos años en cuanto al desarrollo urbano y económico y la regularización territorial.
Sin embargo, la jefa de Gobierno decidió brincarse su obligación de someter ambos proyectos a consulta y enviarlos al Congreso para su aprobación vía fast track.
Es claro que lo que no quiere Sheinbaum es embarcarse en la realización de consultas en nuevo entorno político en el que la oposición gobernará la mayor parte de las alcaldías y en la nueva legislatura del Congreso local habrá un equilibrio de fuerzas.
