A raíz de las acusaciones de supuestos actos de corrupción por parte de la presidenta de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, la Secretaría de la Función Pública (SFP) comenzó una investigación para deslindar responsabilidades.
Hace ya algunas semanas que tanto los medios como el Órgano Interno de Control de la dependencia deportiva denunciaron el desvío de más de 50 millones de pesos por parte de la exvelocista, sin embargo, la funcionaria continúa negando las acusaciones.
Dentro de las indagaciones, destaca la periodista Peniley Ramírez en su columna para el periódico El Universal, además de Guevara la SFP estaría detrás de dos funcionarios más de la Conade –el subdirector de administración, José Omar Hernández, y el subdirector general, Sergio Monroy- y 8 integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su mayoría ubicados en Hidalgo.
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Por su parte, los ocho miembros del IMSS también habrían beneficiado a sus parejas y varios dependientes económicos, mismos que fueron expuestos por una denuncia emitida por el PRD cuando se descubrió la venta a sobreprecio de ventiladores para tratar al COVID-19 por parte del hijo de Manuel Bartlett.
Éstos son: Ulises Morales, director de adquisiciones e infraestructura; Salvador Cháidez, coordinador de abastecimiento y equipo; Guadalupe Mayorga, Alma Gómez, Olga Lidia Ramírez, Claudia Pérez, Natali Peña y Armando Soto, los cuales se ubicaban en distintas áreas de la institución.
