Antes, durante y después de la elección del 6 de junio pasado aquí se demostró que ese proceso electoral sería –y lo fue–, la mejor prueba de que México vive un narcoestado.
Como es habitual, muchos recurrieron a la descalificación, la mentada de madre y hasta la exigencia de que reconociéramos que se trataba de una exageración.
Sin embargo, los hechos lo probaron; además de que lo confirmaron gobernadores y no pocos reportajes de la prensa mexicana.
Sí, las elecciones mexicanas ya fueron infiltradas por el crimen que, sin freno, pone y quita candidatos a puestos de elección popular; cargos como los de gobernador, alcalde, regidor, diputado y hasta senadores.
Los criminales ponen candidatos a cambio de financiar el proselitismo y la clientela electorales, bajo la condición de que una vez en el poder los gobiernos o legisladores se convierten en sirvientes de las bandas criminales.
Incluso, apenas el pesado fin de semana, el reputado diario francés, Le Monde, dedicó dos planas a un puntual reportaje que concluye con lo que aquí se dijo hasta el cansancio; que México vive una narco-democracia.
Y es que, utilizando gráficos del territorio mexicano, Le Monde detalla las regiones del país y las bandas criminales a las que el gobierno federal parece haber escriturado el poder, en donde ponen y quintan autoridades.
Y viene a cuento el tema porque en 12 días más, el domingo 1 de agosto, los mexicanos deberemos acudir, una vez más, a las urnas.
Se trata, como saben, de una tramposa consulta que –según el maniqueo mensaje presidencial y de su partido, Morena–, pretende llevar a juicio a un puñado de expresidentes.
Sin embargo, la realidad es muy distinta ya que contrario al discurso presidencial, el plebiscito no es más que un “chabacano” ejercicio para exhibir no sólo el poder de acarreo y movilización del gobierno y de sus aliados del crimen organizado.
¿Muestra del poder presidencial y de las mafias criminales?
En efecto, Morena y los cárteles aliados al partido oficial en todo el país serán los encargados de “engordar” una consulta que, en el fondo, rechazan la mayoría de los ciudadanos.
Es decir, que las bandas criminales acarrearán votantes para ayudar a su amigo y aliado López Obrador.
Además de que, como ya se dijo, resulta una patraña que el plebiscito se convocó para llevar a juicio a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña.
¿Y por qué se trata de una patraña?
Porque los expresidentes, igual que cualquier presunto responsable de un supuesto delito, pueden ser llevados a juicio en cualquier momento, hoy mismo si es que existen pruebas de que alguno de ellos cometió algún delito.
En pocas palabras, que para enjuiciar a los expresidentes no se requiere ninguna consulta. El verdadero requisito es que quienes se dicen afectados por sus decisiones, presenten pruebas de que se trató de delito alguno.
Pero más allá de la formalidad legal del caso, el problema es que la consulta prevista para el 1 de agosto próximo está condenada al fracaso, ya que a pocos ciudadanos les importa, a pesar de las mentiras del propio presidente.
¿Y entonces cual es el problema, si no le importa a nadie y si pocos ciudadanos saldrán a votar?
Ese es el tema de fondo. Es decir, es un hecho que las bandas criminales volverán a montar un grosero acarreo de votantes para “sacar las castañas del fuego”.
En efecto, que veremos filas de votantes a favor del juicio a los expresidentes, gracias al dinero y al acarreo pagado por las bandas criminales, las mismas que hoy dominan el país y que tienen sometido al gobierno de López Obrador.
Y si, los más beneficiados con la consulta son los barones del crimen.
¿Por qué?
Porque mientras ellos siguen saqueando y sacrificando al país, el circo contra los expresidentes y el teatro de la sucesión presidencial mantendrán distraídos a los mexicanos, al tiempo que López Obrador sigue impune.
Pero la consulta tiene una virtud que pocos han visto.
Sí, la virtud de que permitirá saber el valor del voto duro del crimen organizado y, sobre todo, su localización.
Y con ese dato podremos confirmar dónde están los narco-diputados, los narco-alcaldes y los narco-gobernadores.
Y López Obrador podrá decir misa, pero estará claro que su gestión es la de un narco-presidente.
Al tiempo.
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