En una declaración que debería ser intolerable en una democracia funcional –que no es el caso de la democracia mexicana–, el presidente López Obrador adelantó que las jornadas electoral venideras –la de junio próximo y la del 2024–, “serán una plaza” de su partido.
Sin que le importen las reglas electorales y en abierta violación a la norma del INE, el mandatario mexicano utilizó una parodia “beisbolera” para adelantar lo que todos saben en México: que veremos otro fraude de Estado como el ocurrido en junio del 2021.
Pero no sólo será un nuevo fraude de las instituciones estatales sino que –en por lo menos cuatro de las seis entidades en juego–, el factor clave en los comicios del 2022 será el crimen organizado –aliado del gobierno federal–; igual que ocurrió en Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California, San Luis Potosí y Nuevo León, en la contienda del 2021.
Y es que en estados como Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca –entre otros–, la verdadera fuerza electoral no será la del partido oficial, Morena, sino que ya se perfil con toda su influencia el poder de las bandas criminales que dominan “una tecnología criminal” para doblar la voluntad popular a favor de sus candidatos.
En efecto, nos referimos a la “moderna y sofisticada tecnología” de las bandas criminales llamada: “plata y/o el plomo”.
Y ay de aquel partido, candidato y ciudadano que no entienda el mensaje de los barones del crimen porque –igual que en los previos a la elección del 2021–, hoy pagará con la vida su rebeldía electoral.
Por eso, frente a la impronta presidencial de adelantar una supuesta “paliza” de Morena y sus candidatos en la contienda para renovar seis gobiernos estatales en junio próximo, aparecen las preguntas elementales.
¿Qué es, en realidad, lo que sabe el presidente? ¿Por qué se atreve a tales pronósticos, cuando, en rigor, debería guardar silencio?
¿Qué trampas prepara AMLO desde Palacio? ¿Por qué el presidente mexicano, el mismo que exigió que los gobiernos sacaran las manos de las elecciones, hoy mete las manos en los procesos electorales?
¿Por qué nadie, en las instituciones del Estado mexicano, es capaz de sancionar al jefe del gobierno quien de nueva cuenta violenta los tiempos y las formas electorales?
¿No habrá nadie, ninguna autoridad, partido o político, capaz de replicar a López Obrador con el clásico: “¡cállate cha-cha-laca!” por entrometerse en las elecciones de junio próximo?
Lo cierto es que ya no sorprende a nadie la “cachaza presidencial” para violentar las leyes electorales, la Constitución y, en general, los principios democráticos.
Tampoco asusta la impunidad oficial de los políticos y los gobiernos de Morena que gustan de organizar no sólo elecciones sino consultas de Estado y hasta revocatorios –con el dinero de los contribuyentes–, para halagar al “al señor presidente”, “al amado líder” y “al dueño” de México y los mexicanos.
Y es que a los ojos de todos vivimos la más lamentable degradación de la vida pública y política de la historia de México, en donde aquellos que se decían preclaros demócratas hoy pregonan la peor antidemocracia imaginable sin el menor pudor.
Vivimos la epidemia del “Síndrome de Estocolmo”, llevada al extremo de la destrucción de la democracia.
Es decir, las mujeres y los hombres dizque de la vieja izquierda hoy se han enamorado de sus verdugos: los hijos y herederos del viejo PRI –hijos como AMLO–, quienes han impuesto lo peor del viejo partido, a cambio de olvidar los elementales principios de la democracia.
Pero lo peor es que a la cultura del añoso PRI, se sumó la alianza del gobierno de AMLO con las bandas criminales, lo que dio como resultado el más pernicioso de los resultados genéticos de la política: el fascista partido Morena de AMLO.
Hoy Morena es capaz “de arrasar” o de “apalear” en cualquier elección o cualquier consulta, porque dispone del mayor y más eficiente ejército para comprar o condicionar el voto.
Lo cierto es que podemos permitir que el ejército mafioso que amenaza con asumir las gemelas bastardas de la nueva cultura democrática mexicana: la amenaza de “la plata o el plomo” hoy promueve el cambio del voto.
¿Cuántos políticos, candidatos, gobernadores, líderes, servidores públicos, periodistas y ciudadanos se van a resistir a esa sutil exigencia de “la plata o el plomo” del crimen organizado?
Pero lo cierto es que no es ninguna novedad que los barones del crimen hoy están metidos “hasta la médula” en las elecciones de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas.
Y aquí denunciamos lo mismo que veremos en junio, desde hace por lo menos cinco años.
¿Lo dudan?
El pasado 20 de enero del 2022, en el Itinerario Político titulado: “¡Fue narco-elección la del 2021 en México!”, revelé que los partidos de la coalición PRI, PAN y PRD denunciaron y documentaron que la elección del 6 de junio del 2021, en México, fue un proceso electoral violentado por el crimen organizado.
Y no es una denuncia más y tampoco un señalamiento menor; en realidad se trata de un expediente que los tres partidos hicieron llegar a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la participación del crimen organizado en las elecciones mexicanas del 2021.
Se trata de testimonios que –según el informe revelado por el diario Reforma–, confirman que “grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna.
“El expediente también dice que por lo menos fueron asesinados 27 candidatos a puestos de elección popular y que la presión criminal se produjo antes, durante y después del proceso electoral.
Incluye un detallado recuento del número de agresiones contra opositores, en especial del PRI, PAN y PRD –el 80 por ciento de los ataques, amenazas y muertes–, además de cientos de testimonios de la forma en que el crimen organizado se apoderó de la elección para hacer ganar a los candidatos del partido oficial, Morena.
Lo curioso es que nada de eso es novedad para los lectores del Itinerario Político. ¿Por qué?
Porque antes, durante y después la elección del 6 de junio del 2021, aquí se documentó lo que llamamos “una narco-elección” que llevó al poder a “narco-gobernadores”.
Al tiempo.
