Como desproporcionada, injustificada, irracional e inconstitucional, calificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la llamada “Ley Corral” de Chihuahua. Se trata de reforma al artículo 99, párrafo cuarto de la ley local que fue promovida por el gobernador Javier Corral y publicada en la Gaceta Oficial del estado el 29 de abril de 2017.
En ella, se aprobaron reformas en las que se estipularon: el retiro forzoso y la suspensión de los integrantes del Poder Judicial local, la prohibición de siete años a los magistrados y consejeros de fungir como patrones o abogados representantes en dicho órgano y la autonomía del mismo.
De acuerdo con la resolución de la SCJN, la legislación impuesta por el gobernador Corral excede a la Constitución federal en su artículo 116, que establece que, tras dejar el cargo, los ministros deberán dejar pasar dos años antes de volver a litigar, y no siete, como pretendió imponer Corral.
Con dicha ley, Corral a todas luces buscaba tener el control del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua y poder “reinar” en su estado; y de paso, acelerar su empecinada batalla contra Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI, a quien quiere condenar por desvío de recursos.
Inconforme con las resoluciones del poder judicial, el también ex periodista detonó un gran pleito en el que involucró al poder Ejecutivo, a cargo de Enrique Peña Nieto.
En una declaración pública, Corral Jurado acusó que el Poder Judicial Federal se subordinó ante el Ejecutivo Federal para que sea un juez Federal en la Ciudad de México el que dé resolución al caso de Alejandro Gutiérrez, en vez de su “magistrado carnal”.
Ante tan grave acusación, la Secretaría de Gobernación se vio obligada a descalificar lo dicho por el mandatario de Chihuahua a través de un boletín de prensa en el que detalla:
“Es falso que exista subordinación del Poder Judicial Federal al Poder Ejecutivo Federal, como sí ocurrió en el caso de Chihuahua con la destitución del presidente del Tribunal de Justicia y del Fiscal General del Estado, violentando la Constitución de la entidad, como lo acreditó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 3 de abril de 2018, dictada en ese asunto”.
Ésta no es la primera vez que Corral se lanza contra el Gobierno Federal. A principios de marzo, deploró “el uso faccioso” de la PGR contra Ricardo Anaya por el caso de lavado de dinero en el que el presidenciable continúa involucrado.
Sin embargo, Corral no siempre defendió a Anaya. Cabe recordar su declaración de julio de 2015, cuando lo acusó de corrupto por usar recursos públicos de la Cámara de Diputados para promover su candidatura a la presidencia del PAN de manera anticipada.
El menos indicado para hablar de anticorrupción es @RicardoAnayaC. Y no lo digo yo sino @Javier_Corral. Vean esto?? pic.twitter.com/H22LAJuM6Q
— Javier Lozano Alarcón (@JLozanoA) 28 de enero de 2018
Por otro lado, Corral sólo sabe acusar del uso faccioso de las instituciones sin hacer introspección, pues para él no cuenta el haber tratado imponer un órgano judicial a modo en su estado para protegerse y/o enjuiciar a quien él considera culpable.
Corral y Anaya, ambos políticos, tan contradictorios y con un largo historial de inconsistencias ideológicas pertenecen al partido que, en coalición con el PRD y MC pretende gobernar al país de 2018 a 2024.
¿Será acaso que el “Gobierno de coalición” que promete el Frente es como el de Corral, con un Poder Judicial sometido al Ejecutivo, casi a modo de monarquía?
