La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconoció que no tiene atribuciones para investigar delitos, por lo que no puede efectuar indagatorias paralelas a las de la PGR respecto a la creación de la Comisión de la Verdad del caso Iguala.
“La participación que la CNDH pueda tener en nuevos esquemas de trabajo debe resultar acorde con el texto constitucional, pues llegar al extremo de poder ampliar o limitar las facultades reconocidas en la norma fundamental para este organismo rompería con el sistema de protección no jurisdiccional previstos en la Constitución”, advirtió la organización.
Lo anterior se da en el marco de la resolución del magistrado federal, Sabino Pérez García, quien argumentó este miércoles que es imposible crear la Comisión de la Verdad y Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero.
La PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad estaría encabezada por representantes de las víctimas y la CNDH, que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares.
Cabe mencionar que, el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamalipas declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la PGR, que considera no cumplir la orden de creación de dicha comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Lo anterior, en el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, “El Pato”, uno de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Y recientemente al caso individual del juicio de amparo correspondiente a Miguel Ángel Landa Bahena, “El Chequel”, también presunto integrante de Guerreros Unidos, acusado por la PGR del secuestro y desaparición de los normalistas.
