Cuando todo parecía volver a la normalidad –luego del castigo que se impuso a los automovilistas de la Ciudad de México por la contingencia ambiental–, los capitalinos “viven las de Caín”. Y es que a partir de 1 de julio, entró una nueva norma para evitar –supuestamente– la corrupción en los verificentros; es decir, los encargados de medir las emisiones contaminantes de los autos.
Pero por una u otra razón, estas medidas –impuestas por los gobiernos federal y capitalino–, no se han llevado a cabo. Resulta que “por falta de certificación federal”, únicamente cuatro verificentros, de 67, funcionan en la Ciudad de México.
La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México argumentó que los cierres se han dado por falta de conocimiento de los inspectores de Profepa sobre la nueva norma ambiental… pero aún así los automovilistas que no verifican sus autos son sancionados.
Con estos problemas, todo indica que las autoridades se apresuraron a implementar algo que sabían no cumplirían en tiempo y forma. ¿O esperan que creamos que no sabían que los verificentros no tienen el equipo o la tecnología requeridos para operar el Programa de Verificación que exige la norma emergente?
Ante todo esto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se deslindó del cierre de los verificentros y le echó la bolita a la Semarnat.
Mientras es melón o es sandía, lo cierto es que los automovilistas son los que más sufren con estas medidas.
