SE AGANDALLÓ MORENA CON LA SECCIÓN INSTRUCTORA

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El 28 de noviembre del 2019, la aplanadora de Morena en la Cámara de Diputados modificó la conformación de la Sección Instructora –encargada de dar trámite a las solicitudes de desafuero y de juicio político— para sacar de entre sus integrantes a un diputado del PAN y poner en su lugar a una diputada del PT.

Tras esta modificación, la Sección Instructora que deberá dictaminar si procede o no el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quedó conformada por dos diputados de Morena, una del PT y una del PRI, lo que significa que de los cuatro integrantes, tres pertenecen a la autodenominada “Cuarta Transformación”.

Como presidente de esta instancia fue designado el diputado de Morena Pablo Gómez, quien como ex líder del movimiento estudiantil del 68 que sufrió la represión política de un régimen autoritario debería tener un poco de cuidado al dar trámite a una solicitud de desafuero claramente motivada por motivos políticos.

Pronto se verá si puede más la obediencia ciega de Pablo Gómez hacia el presidente de la República que las convicciones que tenía cuando era estudiante, y encamina el dictamen de la Sección Instructora hacia el desafuero de Cabeza de Vaca.

El PAN, el partido del acusado, no tendrá voz ni voto dentro de la Sección Instructora pues, como comentamos al inicio de este texto, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, avalado por Morena y sus rémoras en el pleno, el diputado del PAN, Raúl Gracía Guzmán, fue marginado de dicha instancia.

A merced de ese acuerdo aprobado el 28 de noviembre del 2019, la Sección Instructora quedó conformada con el diputado Pablo Gómez, de Morena, como presidente; Martha Patricia Ramírez Lucero, también de Morena, como secretaria: e Ivonne Liliana Álvarez García, del PRI, y Ana Ruth García Grande, del PT, como integrantes.

No había ninguna justificación para que una diputada del PT fuera incluida en la Sección Instructora en lugar del PAN, pues el blanquiazul es la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados, por encima incluso del PRI.

Lo que buscaban las cúpulas de la “4-T” era tener una aplanadora en la Sección Instructora, pues el tener en esa instancia dos diputados de Morena, uno del PRI y uno del PAN favorecía que hubiera empates y obstaculizaba el que se pudiera cumplir con las instrucciones del presidente de la República.

El agandalle de noviembre del 2019 con la Sección Instructora se hizo pensando en que estaba pendiente el desahogo de la demanda de juicio político contra Rosario Robles, pero ahora le cayó a la “4-T” como anillo al dedo para garantizar el dictamen favorable al desafuero del gobernador de Tamaulipas.

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Con Morena controlando el 75 por ciento de los votos de la Sección Instructora, esta instancia se convirtió en un instrumento de represión muy susceptible de ser usado por el presidente de la República para llevar a juicio político o intentar desaforar a quien le resulte demasiado incómodo.

El acusado en turno es el gobernador de Tamaulipas. ¿Quién le seguirá? ¿El auditor superior de la federación, David Colmenares? ¿El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova?

OFF THE RECORD

**EL MAL EJEMPLO

Cunde el mal ejemplo que dio el Gobierno Federal al exigir copia de la credencial de elector a los adultos mayores que deseaban vacunarse.

En muchos municipios gobernados por la autodenominada “Cuarta Transformación”, las autoridades locales hacen lo propio para proporcionar cualquier servicio público.

Es el caso de Zacatelco, Tlaxcala, en donde la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado exige copia de la credencial de elector como condición para que los vecinos accedan a descuentos si pagan su servicio a tiempo.

Los vecinos piden que intervenga el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y la FEPADE, pues podría tratarse de un delito electoral.

**PARO EN AUDITORÍA DE CDMX

Los trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México realizaron ayer un paro de labores en protesta por diversas acciones que lesionan sus derechos laborales.

El área de fiscalización capitalino no les ha hecho efectivos los incrementos salariales y en prestaciones pactados desde el año pasado.

Además, denuncian los inconformes, hay un sinfín de aviadores en la nómina y hay muchas plazas de funcionarios que cobran muy elevados sueldos, en detrimento de los trabajadores de base a quienes se les niegan los incrementos salariales prometidos.

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