SCJN otorga suspensión al Inegi contra programa de Sedatu

La SCJN admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Inegi, al argumentar que dicho programa viola su autonomía

SCJN otorga suspensión al Inegi contra programa de Sedatu
Foto: El Sol de San Luis / Norma Rivero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión provisional al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para no participar en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ministro Luis María Aguilar Morales admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el instituto, al argumentar que dicho programa viola su autonomía constitucional, ya que lo incluyen sin respetar su atribución de decidir la información y actividades que realizar.

En ese sentido, señaló que con la concesión de la medida cautelar no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni se causa daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudieran obtenerse con ella.

La medida no otorga garantía alguna y puede modificarse o revocarse. Sin embargo la Suprema Corte determinó habilitar los días y horas requeridas para la resolución. 

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Inegi acusa que programa de Sedatu viola su autonomía

 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desarrolla un programa con el se busca impulsar “un modelo de desarrollo urbano orientado a ciudades sostenibles, ordenadas, equitativas, justas y económicamente viables, que reduzcan las desigualdades socio espaciales en los asentamientos humanos”.

Por ello, el Gobierno Federal determinó que el Inegi sería el encargado de operar este programa y de realizar diversas tareas como la identificación de municipios con mayores carencias para dirigir la acción gubernamental, el desarrollo de un sistema de información de vivienda abandonada o vandalizada, promover la generación, sistematización y difusión de información en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano; promover instrumentos de planeación; promover la habitabilidad de las periferias urbanas para recuperar la vivienda abandonada.

Por ello, el instituto presentó una controversia constitucional al argumentar que dicho programa viola su autonomía constitucional, ya que lo incluyen sin respetar su atribución de decidir la información y actividades a realizar.

 

Con información de MVS Noticias y El Universal

MSA