La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará hoy el estudio de la Ley Federal de Austeridad Republicana; la cual impide a funcionarios públicos que hayan ocupado puestos jerárquicos de mando superior, trabajar durante diez años en empresas que hayan supervisado o regulado.
La ministra Norma Piña Hernández propondrá declarar inconstitucional el segundo párrafo del artículo 24 del mencionado estatuto; porque afecta la libertad de trabajo y porque el plazo que establece es excesivo.
El asunto deriva de una acción de inconstitucionalidad promovida por la minoría en el Senado. Para que la Corte pueda anular la ley se necesitan ocho votos a favor del proyecto.
La prohibición que impone el estatuto a los funcionarios rige durante un plazo de diez años posteriores a su separación del cargo público, cualquiera que haya sido el motivo.
La ministra estima que la norma persigue como finalidad evitar actos de corrupción que afecten los intereses del servicio público; eliminando incentivos y conflictos de interés que puedan traducirse, por una parte, en que los servidores dañen los intereses públicos al ejercer su función para beneficiar a empresas privadas.
También busca evitar que empresas privadas obtengan ventajas indebidas que distorsionen las condiciones de libre competencia necesarias para el funcionamiento de un mercado libre; así como que obtengan información privilegiada en perjuicio del Estado cuyo uso pueda dañar o entorpecer el ejercicio eficaz de la actividad pública.
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