Como viles empleados del presidente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron la presencia de militares en las calles, algo que avalaron en el Congreso hace unas semanas.
Este martes, la Corte avaló la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para labores de seguridad pública, por lo menos hasta 2024, ya que la disposición que lo permite se amplió en septiembre hasta 2028.
Con mayoría de ocho votos a favor, el Pleno declaró la validez del acuerdo presidencial emitido en mayo de 2020, para disponer del Ejército, Marina y de la Fuerza Aérea Mexicanos para tareas de seguridad, impugnado por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, mediante una controversia constitucional.
Durante la sesión, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar consideró que el acuerdo del Ejecutivo federal no violó las atribuciones de la Cámara de Diputados, además de que éste debe entenderse como una hoja de ruta para la salida de las Fuerzas Armadas de las calles.
Zaldívar aseguró que no se está discutiendo la permanencia de las Fuerza Armadas en labores civiles, sino al camino para su salida, por lo que “no estamos frente a un caso de sobre militarización, estamos frente a un caso que exige revisar si el Ejecutivo ha cumplido con la ruta que el propio Constituyente ha trazado, a fin de terminar con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o ciudadana”.
Dijo que la ausencia de un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas, generó inseguridad e incertidumbre entre la ciudadanía.
“Además no podemos negar que se propiciaron diversos abusos y arbitrariedades y que no pocas ocasiones se tradujeron incluso en graves violaciones de derechos humanos”.
Ministros que votaron en contra
En tanto, el ministro Juan Luis González Alcántara, quien se pronunció en contra de la validez del acuerdo, consideró que se debe anteponer la seguridad pública sobre la disposición de las Fuerzas Armadas.
“La realidad del país nos ha obligado a tomar decisiones dolorosas como extraordinarias, como que las Fuerzas Armadas permanentes participen para contener la delincuencia organizada, pero me aparto del proyecto en su totalidad”, explicó.
González Alcántara afirmó que el uso de las Fuerzas Armadas no debe ser una política pública, ya que por su implicación, por lo que significan los derechos humanos y el Estado de Derecho, deben limitarse a criterios estrictamente excepcionales.
Ante un Poder Judicial controlado por la 4T, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron la presencia de militares en las calles.
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— Suprema Corte (@SCJN) November 29, 2022
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