Mientras la Secretaría de la Función Pública (SFP) impone multas por tres mil 985 millones de pesos a funcionarios acusados de faltas administrativas o corrupción en lo que va de la actual administración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene el reporte de que sólo ha cobrado 85 millones 502 mil 348 pesos.
Esto significa que las arcas del Gobierno federal apenas han captado 2.15 por ciento de las sanciones económicas impuestas a servidores públicos que fueron negligentes o cometieron faltas en el ejercicio de sus funciones entre enero de 2019 y febrero de 2021.
Lo que llama la atención es que dentro de ese lapso en el cual el SAT ha percibido porcentajes muy bajos sobre los impuestos de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros era quien estaba a la cabeza de dicha instancia.
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Desde el 18 de julio de 2019, tanto el SAT como la Función Pública firmaron una serie de convenios de colaboración para combatir la corrupción, mismos que tenían por objeto “incrementar la efectividad en el cobro de las multas impuestas a servidores públicos” y que les permitiría “combatir la dilación que se daba en el pasado”.
Y es que el casi nulo cobro de las multas económicas a servidores públicos sancionados no es exclusivo de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública impuso multas a servidores públicos sancionados por ocho mil 613 millones de pesos, pero el órgano recaudador cobró únicamente 236 millones 62 mil 593 pesos, lo que significó una recuperación de tan sólo 2.74 por ciento.
Con información de El Sol de México
SG
