El alcalde de Huehuetlán El Grande, Puebla, José Santa María Zavala, fue ejecutado la madrugada de este martes mientras se trasladaba por la carretera Valsequillo-Tecalia.
De acuerdo con los informes de las autoridades, un grupo de hombres armados disparó en contra de la camioneta del alcalde, donde también viajaba su secertaria particular, quien resultó ilesa. Aunque en septiembre de 2015 el edil fue víctima de un asalto dentro de su domicilio— donde los criminales lo golpearon y le robaron un millón de pesos en efectivo y una camioneta que pertenecía al Ayuntamiento de Huehuetlán—, ahora el móvil de su asesinato es manejado también como un asalto.
Y es que el homicidio de José Santa María Zavala se da luego de que en 10 días, otros dos presidentes municipales han sido asesinados en el país: Domingo López González, alcalde por el PVEM de San Juan Chamula, Chiapas; y Ambrosio Soto Duarte, edil por el PRD en Pungarabato, Guerrero.
Asimismo, en los últimos 10 años han sido asesinado 77 presidentes municipales en todo el país y de todos los partidos políticos, tomando en cuenta que Michoacán y Oaxaca son las entidades con más registro de agresiones a autoridades locales, que en su mayoría son de filiación priista.
Al respecto, en la entrevista para La Otra Opinión, el doctor Emilio Vizarretea, experto en seguridad, comentó que la situación actual se trata de una epidemia de alcaldes muertos que se ha convertido en un tema cotidiano lamentable y muy delicado.
Por un lado, el desmedido uso de violencia y por otro la postura de las autoridades es inusitado, como el comentario que hizo Jesús Zambrano, líder de la Cámara de Diputados quien dijo que “ser alcalde en México, en estos momentos, es un trabajo de alto riesgo”.
Asimismo, Vizarretea puntualizó que “la responsabilidad de los alcaldes es de los partidos y no del Gobierno” cuando es por la vía partidaria. Y cuando se es candidato independiente, el INE es el responsable de verificar que los datos sean correctos.
“Con este hecho se pone, entonces, en entredicho la capacidad de los partidos para seleccionar a sus candidatos. Es absurdo que la PGR investigue a sus candidatos como si estuvieran obligados a hacer un trabajo que es más bien de los partidos políticos”, comentó Emilio Vizarretea.
