El pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó por unanimidad la validez de la inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo público que fue impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.
Durante una sesión virtual, los magistrados desecharon todos los argumentos que presentó Robles Berlanga para impugnar la decisión que se le impuso por no presentar de “manera veraz” sus declaraciones patrimoniales de los años 2013 a 2017.
Asimismo, señalaron que la SFP acreditó que la ex secretaria de Estado incurrió en una infracción grave ya que no reportó una cuenta bancaria en sus declaraciones patrimoniales.
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Con base en el proyecto elaborado por el magistrado Carlos Mena Adame, se concluyó que la sanción impuesta a Rosario Robles no fue excesiva ni contraria al artículo 22 constitucional, “pues en el caso, la enjuiciada sí tomó en cuenta los elementos de individualización que prevé el artículo 14 de la Ley Federal, sin que éstos sean controvertidos, aunado a que la autoridad le asignó la sanción mínima por la conducta imputada, en tales condiciones toda vez que la parte demandante no acreditó los extremos de su pretensión”.
Además, señaló que es administrativamente responsable de las acusaciones de los desvíos millonarios que sucedieron en las dependencias que ella encabezó durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Con información de El Financiero y El Sol de México
MSA
