En su columna de hoy en Milenio, Héctor Aguilar Camín recuerda que las leyes electorales suelen estar hechas al vapor y sin dirección.
Aguilar menciona que en la reforma electoral de 2008 se prohibieron –de un plumazo– la calumnia y la difamación durante las elecciones.
Según Aguilar, esta medida –al calor de las elecciones–, obligaría a los candidatos –y a los partidos– a actuar por debajo de la mesa.
Es decir, que las reglas electorales pondrían la mesa para las campañas negras, también conocidas como campañas de contraste.
Y es que, si la calumnia y la difamación están prohibidas, entonces los políticos recurren al anonimato y a la guerra sucia –sobre todo en redes sociales–, con tal de exhibir las flaquezas de sus contrincantes y ganar el voto ciudadano.
Es decir, que de acuerdo con el análisis de Aguilar Camín, salió peor el remedio que la enfermedad. Pues en vez de erradicar las calumnias y la difamación –que según expertos, son inherentes y hasta necesarias en los procesos electorales–, simplemente las enviaron a la clandestinidad; pues hoy nadie sabe quién es responsable de las campañas negras que circulan en medios y redes sociales.
Una vez más se confirma la gran visión de nuestros legisladores.
