Presentan “amicus curiae” para anular “Plan B”

Denuncian que este paquete de reformas amenaza la independencia de instituciones electorales en México

Presentan “amicus curiae” para anular “Plan B”
Foto: Noticias Imer

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) y la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford dieron a conocer que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un “amicus curiae” con el cual buscan que se anule en su totalidad el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado, sostienen que el paquete de reformas aprobadas en el Congreso de la unión viola las obligaciones internacionales de México relativas a la democracia, el derecho a votar y a participar en elecciones libres y justas.

Asimismo, señalan que esta legislación “atenta contra el principal árbitro electoral” de México, es decir, el Instituto Nacional Electoral (INE).

La abogacía mexicana está cumpliendo con su llamado a unir esfuerzos con el poder judicial para defender el Estado de Derecho”, dijo Víctor Oléa Peláez, presidente de la BMA.

Plan B amenaza la independencia de instituciones electorales

 

El “Amicus Curiae” (amigos del tribunal o de la Corte) es un documento que aporta argumentos y opiniones jurídicas para enriquecer los elementos de juicio que los juzgadores podrán tomar en cuenta sobre un caso concreto a resolver. 

Proviene de terceros ajenos al litigio con el objetivo de fortalecer el estudio del tribunal sobre una asunto de carácter trascendente.

En ese sentido, la BMA y la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford aportan argumentos legales sobre el decreto impugnado en la controversia 261/2023, por considerar que amenaza la independencia de instituciones electorales en México.

En el documento se destaca la imperativa necesidad de que el INE cuente con la infraestructura adecuada, recursos y fortaleza laboral que aseguren la efectividad e imparcialidad de los procesos electorales para garantizar elecciones justas y equitativas.

En ese sentido, destacan que el “Plan B” provocó el despido del 84 por ciento del personal del servicio profesional de carrera del órgano electoral.

Además, mencionan, viola la capacidad de autorregulación del INE permitiendo que el Ejecutivo federal imponer estructuras, diseños organizacionales y recursos humanos.

El decreto analizado en la Corte viola la capacidad de autorregulación del INE permitiendo que el Ejecutivo Federal imponga al instituto nuevas estructuras, diseños organizacionales y recursos humanos, lo que vulnera gravemente su independencia, violando las obligaciones internacionales de México relacionadas con el principio democrático, el derecho al voto y el derecho a participar en elecciones periódicas auténticas”, señalan.

Y añaden: “La reforma impugnada otorga a la Secretaría de Hacienda la facultad de alterar unilateralmente el presupuesto del instituto, lo que limita gravemente su autonomía”.

El llamado “Plan B” electoral permite al Ejecutivo intervenir en las decisiones internas de carácter operativo y técnico en el INE, situación que viola los compromisos y obligaciones internacionales de nuestro país para garantizar organismos electorales independientes”.

Con información de La Lista y López Dóriga Digital

MSA