Adriana Díaz Contreras, secretaria General del PRD, criticó el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador con el cual busca que la Guardia Nacional (GN) se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al señalar que militarizar la seguridad pública “es un retroceso histórico” pues “crearía una peligrosa condición en la que el Estado actuaría como si estuviéramos en una situación de guerra, ejerciendo el mando una sola persona y con criterios militares”.
Ante el aumento de la violencia y la reciente exhibición del poder de la delincuencia organizada en varias ciudades del país, la perredista llamó al Gobierno Federal a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las y los mexicanos.
“La seguridad y justicia que reclaman los ciudadanos en todo el país, no se alcanzará aumentando la presencia militar, porque la persistente violencia descontrolada no se combate mostrando quién tiene mayor capacidad de fuerza sino con más capacidad de Estado, incluyendo más poder disuasivo de las policías municipales y estatales, mayor efectividad para desmantelar las estructuras financieras, productivas y distributivas de las drogas, y con una efectiva aplicación de la ley para evitar la impunidad”, consideró.
Te puede interesar | Coparmex manda recadito a la 4T: “No hay futuro si no hay vida democrática”
Al respecto, recordó que, en mayo pasado, el Gobierno Federal se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública, fortalecer las fuerzas civiles y retirar a los militares de las tareas de seguridad, para dar cumplimiento a las Recomendaciones del Comité sobre las Desapariciones Forzadas.
Por ello, indicó que resulta preocupante dar marcha atrás a dichos compromisos.
“El peligro de la militarización de la seguridad pública es que las personas quedan atrapadas en un doble poder de fuego, el de las bandas criminales y el de las fuerzas armadas que violentan los derechos humanos”, agregó.
Afirmó que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al primer semestre de 2022, tanto la GN como la Sedena acumularon 479 quejas por diversas violaciones a derechos humanos, entre las que se encuentran: detención arbitraria, empleo arbitrario de la fuerza, tortura, desaparición forzada y privación de la vida.
“Las masacres estudiantiles y civiles perpetradas por militares siguen siendo memoria viva, y no permitiremos que se vuelvan a repetir”, declaró.
Con información de Enfoque Noticias y El Universal
MSA
