El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, estableció que el mayor desafío a la seguridad en nuestro país es el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tuvo un crecimiento explosivo en los últimos meses. En los hechos, mientras el cártel de Sinaloa se achicaba a causa de golpes y divisiones, el CJNG aprovechaba las mismas para crecer en forma sostenida en varios estados de la República.
El CJNG ha actuado en ese sentido como un revulsivo en el mundo del narcotráfico, de la misma forma en que actuaron Los Zetas a inicio de la administración Calderón, y en su esfuerzo por controlar nuevos territorios y rutas ha generado una enorme ola de violencia. Se estima que entre el 70 por ciento y el 80 por ciento de los asesinatos cometidos el año pasado (23 mil 339, la cifra más alta de las dos últimas décadas), devienen de ajustes de cuentas, en su enorme mayoría por la presión que está ejerciendo el CJNG contra sus rivales, cooptando o aniquilando grupos que han quedado huérfanos o aislados, para ganar nuevos territorios.
Ayer hablábamos de la necesidad de avanzar en las leyes de extinción de dominio para golpear las finanzas del narcotráfico. Los líderes del CJNG son una buena demostración de ello: sus jefes, Nemesio Oseguera, El Mencho, y Abigael González Valencia, quien es el jefe del grupo llamado los Cuinis (que en realidad es una parte esencial del CJNG), han recibido innumerables sanciones del departamento del Tesoro, que ha golpeado a socios, familiares, colaboradores del cártel, pero eso no ha afectado su capacidad de operación en el país porque aquí conservan sus bienes, ellos, sus socios y testaferros. No hay incautaciones serias que les dificulte seriamente su operación.
Y sus líderes son dejados en libertad por decisiones inexplicables. Erick Valencia Salazar, El 85, líder de Los Matazetas y fundador del CJNG, fue dejado en libertad repentinamente, después de cinco años de detención, el pasado 29 de diciembre, por un juez federal que alegó falta de pruebas y violaciones al debido proceso. Resulta, por lo menos, extraño porque fue detenido tras un violento enfrentamiento con armas de alto poder y cayeron con él varios sicarios. Pero las armas incautadas, dijo el juez, se enviaron a la SEIDO en lugar de al Ministerio Público local y aparecieron testigos que dijeron que el enfrentamiento se dio dentro de la casa. Y los delincuentes aseguraron que se tuvieron que “defender” ante el ataque a su vivienda, en realidad la casa operativa de los sicarios del cártel. Y, rápidamente, el juez lo dejó en libertad.
No estamos hablando de un personaje menor, sino del líder y fundador de uno de los cárteles más violentos del mundo. No estamos hablando de un personaje que no sabemos si cometió o no algún delito, sino de un capo del crimen organizado que cayó luego de un violento enfrentamiento armado contra el Ejército mexicano. Y el juez decidió dejarlo en libertad, repentinamente y sin avisarle a ninguna instancia de seguridad, nada menos que un 29 de diciembre, en plenas fiestas decembrinas.
Es lo mismo que ocurrió con Rafael Caro Quintero en 2013 y con muchos otros delincuentes, detenidos por delitos graves que han quedado en libertad por “faltas al debido proceso” o de pruebas: nada menos que unos 50 mil desde la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Casos que obligan a revisar el sistema de justicia en este tipo de delitos y delincuentes, porque además es el terreno más fértil posible para la corrupción de jueces y ministerios públicos.
Pero no se trata del único caso. En Tepic, la nueva tierra prometida del CJNG, las autoridades locales reconocen que no tienen control sobre las fuerzas de seguridad que siguen contando con muchos elementos cercanos al exfiscal Edgar Veytia, detenido en San Diego por sus relaciones con el narcotráfico. Por cierto, fueron quemadas esta semana en Tepic dos casas en un condominio de lujo: una era propiedad de Veytia y la otra de su excomandante policial, Luis Torres. Vivían, casualmente, junto a la casa donde fue detenido Juan Francisco Patrón, El H2, luego de un violentísimo enfrentamiento que López Obrador denunció como una “masacre”. Fue cuando comenzó a hablar de la amnistía a los narcos.
Pero la impunidad va mucho más allá. ¿recuerda usted a Lázaro Mazón, el dirigente del PRD, cercanísimo al candidato de Morena, expresidente municipal de Iguala y exsenador, quien fue quien colocó como su sucesor a José Luis Abarca, uno de los responsables de la noche de Iguala? Pues Mazón no está perseguido ni nada por el estilo: busca ser diputado local por el PRD en el distrito de Iguala, el 22. Otro personaje cercano a Mazón, Bernardo Ortega Jiménez, se inscribió para candidato, pero por el distrito 24, que cubre varios municipios cercanos. El único problema es que Bernardo es el hermano de Iván y Celso Ortega, los dos jefes del cártel de Los Ardillos y él mismo está acusado de proteger a ese grupo criminal. Ahí van Mazón y Ortega, rumbo a tener fuero dentro de unos pocos meses. Por cierto, Guerrero está cada día más en la órbita del CJNG, pero ésa es otra historia.
