Con la cancelación del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México tendría un sistema de salud “mucho mejor” que el que tiene Dinamarca.
Sin embargo, esta nueva dependencia resultó ser un monumental fracaso, prueba de ello está en que los lacayos de la 4T en el Congreso de la Unión propusieron y aprobaron su desaparición a finales de abril de este año.
Pese a que ya no existe y sus funciones fueron traspasadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el extinto Insabi dejó al cierre de 2022 adeudos con proveedores y otros servicios por 938.3 millones de pesos.
De acuerdo con una auditoría realizada por la consultora Mazars, se señala que los pasivos se dividen en 59.8 millones de pesos, que arrastran desde 2021, y 878.4 millones de pesos por falta de pago a 174 acreedores.
“El saldo de esta cuenta representa las obligaciones contractuales por bienes y servicios pendientes de pago al cierre del ejercicio 2022”, indica el documento que identifica a Laboratorios Pisa como la empresa a la que, hasta diciembre del año pasado, más se le adeudaba con 50.1 millones de pesos.
La auditoría externa también halló irregularidades en el registro contable, pues en los “estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2021 muestran saldos en la cuenta de activos diferidos por un importe de 938.3 millones de pesos y 2 mil 973 millones de pesos, respectivamente, que corresponden al mismo importe de los pasivos a favor de los proveedores a la misma fecha”.
“Dichos registros de una cuenta de activo diferido como contracuenta de las obligaciones de pago a cargo de la entidad al cierre de los ejercicios 2022 y 2021, en nuestra opinión, no cumple con las disposiciones de las normas específicas del registro y valoración del patrimonio que le son aplicables al Insabi”.
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El documento abunda que esos registros “contravienen las disposiciones por tratarse de contabilidad patrimonial; cabe señalar que dichos importes, a la fecha de este informe, se encuentran depurados y corresponden a las obligaciones reales de pago a cargo del Instituto al cierre de 2022”.
La fiscalización halló presuntas irregularidades también en la contabilidad financiera del programa de compra de medicamentos con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), debido a que no se permite “identificar de forma directa los movimientos reportados a detalle y verificar que estos estén considerados y debidamente conciliados por concepto”.
A su vez, “la integración de la nota correspondiente muestra un importe de 29 mil 82 millones de pesos, que no coincide con lo presentado en el informe de situación financiera de 2021 por 95 mil 665 millones de pesos”.
El Insabi, según el documento, no explicó el origen de esos movimientos financieros, por lo que “no es posible conocer los posibles ajustes a los estados financieros que puedan derivar con motivo de dicha diferencia”.
Además, la administración del Instituto sustenta esos cambios en sus estados financieros con que el “sistema de presentación de la cuenta pública genera dicho importe de manera automática en los estados financieros, por lo que desconocen el origen del mismo”.
Con información de Diario de México
MSA
