Un Tribunal Federal confirmó en definitiva que Grupo MVS actuó indebidamente al dar por terminado su contrato con la periodista Carmen Aristegui en marzo de 2015.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil resolvió amparos directos derivados de dos demandas civiles, una iniciada por MVS por la disputa contractual con Aristegui y otra por Joaquín Vargas a título personal por daño moral.
En el tema contractual, el tribunal colegiado confirmó la sentencia de un tribunal unitario de circuito que en noviembre pasado resolvió que, al dar por terminada la relación con Aristegui, la empresa no respetó el procedimiento pactado por las partes.
Por tanto, el contrato firmado en 2009 siguió vigente durante todo 2015, ya que se renovaba de manera automática con vigencia anual, a menos de que las partes manifestaran su voluntad en contrario.
Aristegui quedó absuelta de prestaciones reclamadas por MVS, entre ellas la declaración judicial de terminación de contrato, la declaración de que violó derechos de autor y propiedad industrial de la empresa, y el pago de una pena equivalente a un año del salario que recibía.
Sin embargo, al mismo tiempo el tribunal colegiado confirmó la condena contra Aristegui por daño moral a Vargas, por referencias a su persona en el prólogo del libro “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, que había dictado en julio de 2017 la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino.
El fallo no implica que Aristegui tendrá que hacer un pago monetario a Vargas, pero sí que en futuras ediciones del libro la editorial tendrá que incluir un extracto de la sentencia aclarando el tema.
Es decir, el tribunal dio la razón al presidente del consejo de administración de MVS, Joaquín Vargas Guajardo. Los magistrados negaron a Aristegui un amparo al considerar que ella no acreditó sus dichos sobre Vargas y su familia publicados en el prólogo de su publicación.
Lo que no menciona Carmen Aristegui y otros medios es que, por unanimidad, los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado, confirmaron que la periodista mintió.
Con esta resolución se genera un precedente importante en la impartición de justicia, ya que los derechos humanos deben ser protegidos frente a las agresiones e insultos injustificados que emiten públicamente, con base en hechos falsos, argumentando como justificación la libertad de expresión, como sucedió en este caso.
