Las transferencias de dinero que se entregan a la población a través de programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador han incrementado sus montos en los últimos años.
Sin embargo, por cambios en su operación, llegan en menor medida a las comunidades más pobres y vulnerables.
Se supone que con los programas sociales de la 4T se buscaría contribuir a reducir la pobreza de la población y mejorar el ingreso de los hogares con menos recursos, pero esta meta no se ha alcanzado en los cuatro años de la actual administración.
De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018 las transferencias monetarias entregadas a través de programas sociales federales representaron 18.7 por ciento del total de los ingresos mensuales de las personas más pobres, ubicadas en el primer decil.
Para 2020, esta proporción se redujo a 12.5 por ciento.
Cambio de orientación de programas sociales no beneficia a los más necesitados
No obstante, el estudio subraya que, pese a esta disminución, las transferencias monetarias siguen siendo importantes para que las personas más vulnerables mejoren sus ingresos.
Los programas sociales llegan en menor medida a las poblaciones más pobres debido “al cambio en la orientación de la política social, que se caracterizó por la sustitución de programas focalizados en población en condición de pobreza por programas prioritarios con enfoque de acceso universal”.
Por ejemplo, la Pensión del Bienestar para las Personas Adultas Mayores incrementó su población objetivo al reducir de 68 a 65 años la edad requerida para acceder a este beneficio. Sin embargo, eliminó el componente que priorizaba a personas indígenas.
Aunque este programa tiene por objetivo contribuir a la protección social de las personas adultas mayores por medio de apoyos económicos, los cuales aumentaron gradualmente de 1,275 pesos bimestrales en 2019 a 1,925 en 2022, eliminó las acciones adicionales de protección social.
El Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez también amplió sus montos, pero a partir de 2022 no contempla el apoyo que otorgaba a las niñas, niños y adolescentes con calidad de víctima, migrante, refugiados o en condición de desplazamiento forzado interno.
“Los programas conservan la noción central de su propósito, pero han modificado la manera en la que lo hacen, ya sea incrementando el monto de las transferencias que entregan o adicionando componentes. Sin embargo, siguen estando concentrados mayoritariamente en la entrega de transferencias monetarias”, subraya el informe.
Además, los programas sociales disminuyeron entre 2019 y 2022, al pasar de 154 a 120, debido a que algunos fueron eliminados, fusionados o resectorizados.
Falta de cobertura pone en riesgo la atención de los beneficiarios
Otro aspecto de los programas sociales de este gobierno es que, hasta 2021, no lograban cubrir al total de su población potencial. Únicamente cumplieron la meta los programas Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
Le sigue el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con una cobertura de 94 por ciento; Producción para el Bienestar, con 64.5 por ciento, y Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, con 31.1 por ciento de cobertura.
Mientras que 10 de los 16 programas sociales considerados prioritarios no alcanzan ni 20 por ciento de cobertura, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha llegado a 13.2 por ciento de su población potencial, o la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, con 16 por ciento de cobertura.
“Se identificaron vacíos en la atención a los derechos en cuanto a la posible ocurrencia de ciertos riesgos, lo que, en caso de que no existan otras estrategias diferentes a las acciones, programas y fondos de desarrollo social en la materia, se estaría poniendo en riesgo el lograr atender de manera integral a las personas y, con ello, lograr garantizar sus derechos sociales”, advierte el Coneval.
Con información de Expansión Política
MSA
